INVITADAS A LA MESA

El viernes 11 de diciembre, en la sala de juntas de la alcaldía de Pereira, tuve la ocasión de participar en la Mesa Municipal de Paz de la que hacen parte varias instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. En esta ocasión, la reunión se realizó por iniciativa de la Red de Mujeres de Risaralda (de la que hacen parte Asociación de Mujeres Afrorisaraldenses KAYNA, Por Ti Mujer, el grupo Femenino de Quinchía y la Corporación Contigo Mujer -organización que presido hace 4 meses-), gracias a la gestión de la doctora Delma Aurora Mosquera, mujer muy activa en la lucha por los derechos de las mujeres afrodescendientes en el departamento.
Aunque el doctor Israel Londoño no estaba en la ciudad, delegó a la doctora Ruby Alba Ladino Suaza para presidir la reunión. El propósito de la Red de Mujeres era presentar a la Mesa de Paz el contenido de la ley 1257 de 2008 o “Ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”. La presentación de la ley estuvo a cargo de la abogada Patricia Salazar quien presentó los aspectos más importantes de la misma, como son: que se haya aumentado las penas para los delitos contra las mujeres, que se haya tipificado el acoso sexual como delito, así como la violencia económica y patrimonial. De igual modo, el hecho de que cualquier persona pueda denunciar la violencia contra las mujeres (familiar, amigo, vecino) y no necesariamente la víctima y que estos delitos no sean querellables, es decir, que no se pueda desistir de la denuncia, incluso si se ha conciliado, la investigación sigue su curso porque se conoce de oficio.
Los logros más importantes de este encuentro, a mi modo de ver, fueron: lograr que los integrantes de la Mesa municipal de paz profundizaran en el contenido de la ley 1257 de 2008, discutir problemáticas como la desaparición de más de 90 mujeres en Pereira en los últimos 3 años, el fenómeno de la trata de personas, la ablación en las niñas embera chamí, así como los obstáculos que se vienen presentando el as EPS de la ciudad para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo; que la Red de Mujeres de Risaralda haya sido invitada formalmente por la doctora Ruby Alba Ladino a hacer parte de la Mesa Municipal de Paz y que la Alcaldía de Pereira haya puesto a disposición de la Mesa de Paz la emisora Pereira al Aire para difundir los temas que le interesan a este espacio de discusión y decisión.
La Red de Mujeres de Risaralda ha venido, desde hace varios años, tratando de incidir en los espacios de decisión para que la problemática de las mujeres sea tenida en cuenta. Mejorar la participación de las mujeres en la política, mejorar sus condiciones económicas y sociales, disminuir los índices de violencia y todas las formas de discriminación contra ellas hacen parte de los objetivos del milenio. Es por eso que considero que voces femeninas y autorizadas en los temas de género serán un avance en alcanzar esos propósitos que son los de toda la comunidad internacional. La Red sabrá nutrir las discusiones acerca de la paz en la ciudad con una mirada de género.

MARÍA VICTORIA RAMÍREZ MARTÍNEZ
Pereira, diciembre 16 de 2009

MARA VIVEROS VIGOYA Y GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HETEROSEXUALIDADES, CONTRACEPCIÓN Y ABORTO, HEXCA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS U. NACIONAL DE COLOMBIA

En Colombia, el tema del aborto no deja de suscitar intensas controversias, incluso hoy, más de tres años después de emitida la sentencia que lo despenalizó en tres casos especiales, con base en una argumentación centrada en la defensa del derecho a la vida de las mujeres, la igualdad y la libertad reproductiva.
Continúan surgiendo en el país acciones de flagrante oposición a la aplicación de la norma vigente para la ejecución de abortos seguros. El pasado mes de septiembre, la Alcaldía Mayor de Medellín frenó el proyecto de la Clínica de la Mujer que hacía parte de la campaña que llevó al gobernante a ocupar su cargo. Un mes más tarde, el Consejo de Estado ordenó la suspensión temporal del Decreto 4444 de 2006, que reglamentaba la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), argumentando que éste era competencia del Congreso y no del Gobierno.Por último, y como parte del fallo de una acción de tutela a favor de una mujer a quien se le negó el derecho de abortar, pese a cumplir con los requisitos legales, la Corte Constitucional emitió una sentencia que ordenaba al Gobierno el diseño de un plan de promoción de los derechos sexuales y reproductivos que debería ser enseñado en las instituciones educativas del país y que suscitó, de manera inmediata, reacciones adversas de parte de las autoridades eclesiásticas por considerarlo una ‘cátedra abortista’.El aspecto más paradójico y expresivo de la actual coyuntura es que algunas de las decisiones y medidas tomadas para obstaculizar la realización legal del aborto son protagonizadas por autoridades del Gobierno y efectuadas desde el ámbito institucional y el propio Estado. Este contexto amerita un análisis crítico, ya que en lugar de asistir al debate y a la consulta ciudadana en torno al cumplimiento y a la reglamentación de la sentencia C–335 de la Corte Constitucional, hemos presenciado medidas inconsultas de los sectores más conservadores del país que pretenden obstaculizar su cumplimiento en un momento de cuestionamiento del papel de las Cortes, de la autonomía del Gobierno e incluso de la vigencia de la Constitución.La injerencia de la Iglesia católicaLa desigual participación de los sectores sociales en el debate es aún más notoria porque funcionarios como el actual Procurador General de la Nación y la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia han utilizado las prerrogativas de sus cargos para presentar un punto de vista particular como la visión nacional y oficial sobre el asunto. Por otra parte, porque a pesar del supuesto carácter laico del Estado colombiano, la influencia que sigue ejerciendo la Iglesia católica en los asuntos ciudadanos es incontestable, tal como se manifestó en la suspensión del proyecto Clínica de la Mujer en Medellín.Según noticias de prensa1, el Alcalde Alonso Salazar, cediendo a las protestas organizadas por la jerarquía eclesiástica y los grupos Pro-Vida en contra de este proyecto, envió una carta al Arzobispo de Medellín informándole que se comprometería a que en la Clínica de la Mujer no se realizarían abortos legales ni ilegales. En este caso intervino también la Procuraduría General de la Nación, a través de la Resolución 284 del 8 de septiembre de 2009, mediante la cual creó un grupo de control sobre las dependencias responsables de dicha clínica en la Alcaldía de Medellín. Así, respondió a las inconformidades, supuestamente manifestadas por un “sector de la ciudadanía de Medellín” y por considerar que el propósito de este proyecto era “articular y difundir la ideología feminista en contra de la vida y la familia”.Como se demostró posteriormente, se trataba básicamente de la misma coalición contra el aborto que presidía la procuradora delegada Ilva María Hoyos, antes de ser nombrada. A la luz de sus convicciones ideológicas, no deja de ser paradójico su nombramiento en este cargo, sabiendo que una de las funciones que le correspondería cumplir sería la de hacer valer y vigilar el cumplimiento de la sentencia C–355 de la Corte Constitucional. Debate más allá de lo moralSi bien el ejemplo de la Clínica de la Mujer ha funcionado como un detonante de la discusión, no es el único caso que podría citarse. Sin embargo, sí es bastante esclarecedor de las lógicas la participación ciudadana en nuestro país, en el cual las instancias “políticas oficiales” encargadas de proteger los derechos humanos se han pronunciado en contra de sectores de la sociedad civil implicados en la defensa de tales derechos.Estos mismos funcionarios han tomado posiciones a favor de grupos y sectores retardatarios como las organizaciones autodenominadas Pro–Vida y otras organizaciones religiosas que han puesto a circular documentos en que presentan las demandas de las mujeres por sus derechos sexuales y reproductivos como el producto de una “peligrosa ideología de género” que “vaticina una seria pérdida de sentido común en el ser humano” y encubre “una inaceptable agenda que incluye la tolerancia de orientaciones e identidades homosexuales, entre otras cosas”.Este ataque tan virulento al feminismo y a las luchas por una ciudadanía sexual no hace sino contrariar las directrices del gobierno central, cuya obligación es hacer cumplir el mandato constitucional de luchar contra cualquier tipo de discriminación y propiciar la equidad de género.Si bien los avances colombianos en jurisprudencia son muy importantes y ubican al país en la vanguardia latinoamericana en materia de derechos sexuales y reproductivos, una parte de la sociedad colombiana y de sus gobernantes no ha acompañando dichos cambios. La defensa y la ampliación del marco despenalizador del aborto requieren un debate real y democrático sobre el mismo y el rechazo a su discusión en el terreno de la moral. Es bien sabido que hasta ahora no se han podido resolver de forma totalmente satisfactoria los dilemas asociados al enfrentamiento de dos valores primordiales: la libertad (de las mujeres de decidir si desean llevar a término o no un embarazo) y la vida (del feto, pero también la vida social de las mujeres en toda su diversidad), en particular porque en las situaciones concretas la necesidad o posibilidad de sacrificar uno de estos valores no es necesariamente clara.Así, es fundamental reconocer el aborto como una práctica social frecuente y constante, cuyo impedimento profundiza las desigualdades sociales existentes entre las mujeres que pueden o no obtener un aborto voluntario en condiciones seguras. El debate sobre su moralidad e inmoralidad debe reservarse a las conciencias individuales. Mucho se ganará si adoptamos y ejercemos una actitud de defensa activa de un marco jurídico suficientemente flexible para que cada uno de nosotros sienta resguardados sus derechos sin ninguna imposición sobre su propio cuerpo.

Mujeres migrantes: mujeres con derechos

Pereira, Taller del 21 de diciembre de 2009 sobre políticas públicas y formulación de proyectos.

Ayer, diciembre 11 de 2009, la Corporación Humanas de Bogotá y la Corporación Contigo Mujer de Pereira clausuraron la primera fase del proyecto “Abriendo mundos en Pereira: Mujeres migrantes, mujeres con derechos”, que tiene como objetivo adelantar un proceso de capacitación en TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación), liderazgo y derechos de las migrantes. En este proceso se capacitaron 20 mujeres cuyo perfil era de migrantes retornadas, familiares de migrantes, principalmente en España, o mujeres con expectativa de migrar.
El proyecto hace parte de uno mayor que involucra a Ecuador, Perú y Bolivia y que en Colombia se está realizando en otras dos ciudades: Cali y Bogotá.
A lo largo del proceso que empezó en el mes de agosto, la Corporación Contigo Mujer coejecutora del proyecto y encargada de la convocatoria, logró conformar un grupo de mujeres muy heterogéneo desde el punto de vista racial (mujeres afrodescendientes, mujeres embera-chamí y mestizas), desde el punto de vista generacional (el rango de edad fue entre 15 y 64 años) y de tres municipios del departamento (Marsella, Pereira y Dosquebradas) para hablar de sus derechos como mujeres y como migrantes, y para fortalecer sus capacidades técnicas en el manejo básico de herramientas informáticas.
Pereira es una ciudad con un alto índice de migración hacia la Unión Europea y principalmente a España. Sin embargo, la crisis económica mundial ha implicado una baja en las remesas en todo el departamento y, adicionalmente, está provocando el retorno de muchas personas que vienen a engrosar las filas de desempleados. Proyectos como este están dirigidos a fortalecer la capacidad organizativa de las mujeres migrantes y sus familiares para poder incidir en la puesta en marcha de políticas públicas que mejoren sus condiciones y que les de la bienvenida al país y a la región que por muchos años sostuvieron con su esfuerzo y a costa del sacrificio que implican el dejar a sus seres queridos, cumplir labores de cuidado que nunca habrían desempeñado en Colombia, ayudando a construir otros países que hoy quieren expulsarlos.
Ante semejante problemática, el único esfuerzo, desde las entidades del Estado, ha sido la creación de la Oficina del Retornado de la Gobernación de Risaralda, que va a cumplir un año y está a punto de desaparecer por falta de recursos. Desde esta columna, hago un llamado al señor gobernador Víctor Manuel Tamayo para que por el contrario fortalezca esa oficina e invite al señor Alcalde de Pereira para que emule esa iniciativa y concentre sus esfuerzos en términos migratorios hacia aquellos que están retornando.

MARÍA VICTORIA RAMÍREZ MARTÍNEZ
Corporación Contigo Mujer
Pereira, 12 de diciembre de 2009

10 de diciembre Día Universal de los Derechos Humanos

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA


¿Sabía usted que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, hace uso de su cargo para desarrollar acciones que vulneran los derechos sexuales y los derechos reproductivos de mujeres y parejas de un mismo sexo?

En el día de universal de los Derechos Humanos, las organizaciones y personas abajo firmantes, expresamos nuestra preocupación por las actuaciones que el actual Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez ha desarrollado para restringir los derechos humanos y en particular los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

Ø En manifestaciones públicas y audiencias ante el Congreso de la República, Alejandro Ordóñez expresó que “si fuera legislador votaría en contra de proyectos como el aborto, la eutanasia y los derechos patrimoniales de los homosexuales” y que “si fuera magistrado de la Corte Constitucional, las declararía inexequibles”, estas manifestaciones son una clara muestra de que su actuación como funcionario público no es imparcial ni objetiva.

Ø El Procurador General nombró como Procuradora Delegada para la defensa de los derechos de Infancia, Adolescencia y Familia, a una funcionaria que niega y restringe un enfoque democrático de la sexualidad y la reproducción y quien además lideró la oposición a la demanda presentada para la despenalización del aborto.

El Procurador Alejandro Ordóñez, en el ejercicio del cargo, viola su obligación de respetar el Estado laico colombiano al interponer sus creencias religiosas frente al cumplimiento de sus funciones constitucionales de vigilancia y control para la garantía de los derechos humanos, expresando además su clara oposición en la realización y garantía de los derechos sexuales y reproductivos a favor de las mujeres, jóvenes, personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas.

Ø El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, se ha opuesto en intervenciones judiciales a que parejas del mismo sexo puedan adoptar.

Ø El Procurador General Alejandro Ordóñez, emitió de la Circular 030 del 13 de mayo de 2009, contraria a la Sentencia C-355/06 porque desconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo al abrir la posibilidad para que funcionarios públicos puedan objetar conciencia de manera extralimitada.
Ø
Ø El Procurador General no renovó el convenio de cooperación institucional que tenía desde hace un año con Women´s Link Worldwide, para que apoyara a la Procuraduría en la implementación de la sentencia C-355 de 2006.

La Procuraduría General de la Nación es el órgano máximo del Ministerio Público y como tal, está llamado a observar y verificar la actuación de los poderes públicos, a defender la Constitución, a proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, sin embargo…

Ø El Procurador, Alejandro Ordóñez, interpuso un incidente de nulidad contra el fallo de la Corte Constitucional que ordenó al Ministerio de la Protección Social, al Ministerio de Educación, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría el diseño y puesta en macha de Campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la difusión de la sentencia C-355 de 2006 y posteriores en esta materia. En contra del mandato Constitucional, el Procurador alegó que no podría promoverse una práctica no catalogada como derecho.

Ø El Procurador Alejandro Ordóñez, emitió la resolución 284 en la que se integra un grupo especial de trabajo para ejercer control preventivo en el municipio de Medellín y a las dependencias responsables del desarrollo del proyecto de la Clínica de la Mujer en esta ciudad, justificándola en “las inconformidades manifestadas por un sector de la ciudadanía de Medellín y algunos medios de comunicación”

La democracia solo puede existir en la medida en que ésta sea efectiva en todos los ámbitos sociales; las injerencias arbitrarias y la interferencia deliberada con el cumplimiento de las normas constitucionales por parte de los funcionarios públicos, tendientes a limitar el goce efectivo de los derechos de las mujeres en materia de derechos sexuales y reproductivos y de reconocer la igualdad de derechos a las parejas del mismo sexo; es no solo un grave retroceso para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos del Estado colombiano, sino un grave retroceso para la democracia de un país en el que las mujeres exigen que las sociedades respeten sus decisiones y el Estado las garantice.

Por lo expuesto,

1. Rechazamos y denunciamos los pronunciamientos hechos por el Procurador General de la Nación tendientes a limitar el goce efectivo de los derechos de las mujeres reconocidos por la Corte Constitucional y aquellos que buscan impedir el reconocimiento de la igualdad de derechos a parejas del mismo sexo.

2. Exigimos

Ø Al Procurador Alejandro Ordoñez que se declare impedido para pronunciarse y realizar cualquier actuación propia de su cargo que tenga que ver con los derechos sexuales y los derechos reproductivos

Ø A todas las entidades competentes que garanticen a todas las mujeres la realización de los procedimientos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo como lo ordena la Corte Constitucional.

Ø Al Procurador Alejandro Ordóñez que remueva de su cargo a la Procuradora Delegada para la defensa de los derechos de Infancia, Adolescencia y Familia, Ilva Miryam Hoyos.

Ø Al Congreso de la República el control político sobre el Procurador Alejandro Ordóñez y sus actuaciones en materia de derechos humanos.

3. Instamos al Estado colombiano, para que proteja y garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los derechos de las parejas del mismo sexo y el derecho a la libre opción por la maternidad.

4. Convocamos a las mujeres, a las personas LGBT y a la sociedad civil a que denuncien las violaciones de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, en particular la interrupción voluntaria del embarazo. También a la comunidad internacional para que acompañe a la sociedad civil en las acciones en defensa de los derechos sexuales y reproductivos.


¡PERSONAS LIBRES, ESTADOS LAICOS, NI DE LA IGLESIA, NI DEL ESTADO MI CUERPO ES MIO Y YO DECIDO!
Información. Procuraduriaconfesional10@gmail.com

MARCHA DE MUJERES

Tuve la ocasión de estar en Bogotá este 25 de noviembre, Día Internacional de la No violencia Contra la Mujer, y acompañar la marcha que convocaron, entre otras muchas organizaciones: La Ruta Pacífica de las Mujeres, Iniciativa de Mujeres por la Paz y la Red Nacional de Mujeres Desplazadas. Algunas de sus consignas fueron: “Las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra”, “Qué vergüenza la guerra” y “El cuerpo de la mujer no es botín de guerra”.
Alrededor de 7000 mujeres de nueve regiones del país (Valle, Chocó, Risaralda, Putumayo, Bolívar, Santander, Antioquia, Cauca, Nariño y Bogotá) recorrieron las calles de la capital para manifestarse en contra de todas las formas de violencia de que son objeto las mujeres en Colombia: abuso sexual, violencia intrafamiliar, ablación, desplazamiento, discriminación salarial, y para hacer un llamado a los actores en conflicto para sentarse a la mesa de negociación ya.
Me llenó de gran emoción y de orgullo hacer parte de ese contingente mujeres (también algunos hombres acompañaron la marcha) que creen que no hay nada que justifique la violencia de género, que la guerra es un absurdo y que no queremos alimentar con la sangre y la dignidad de nuestros hijos e hijas la lucha armada entre los bandos de esta nación fragmentada, polarizada y sin memoria. No obstante, las mujeres que asistieron a la marcha portando pancartas, símbolos, flores, no quieren permitir que se olvide: las mujeres desplazadas recordando a sus muertos, las mujeres de Asfamipaz exigiendo la libertad de sus familiares secuestrados, las mujeres de los sindicatos manifestándose contra el acoso laboral, las víctimas de crímenes de Estado exigiendo castigo para los perpetradores de los ‘falsos positivos’, las lesbianas exigiendo que su opción sexual sea respetada, y un largo etcétera de voces que insisten en que nuestra memoria no sea tan frágil.
Encabezando la movilización, que inició en el Parque Nacional y culminó en la Plaza de Bolívar, se encontraban siete mujeres con el dorso desnudo, cubiertas sólo por una pintura dorada, que hallé de una fragilidad conmovedora; y vinieron a mi memoria algunos párrafos del Proceso de Nuremberg al finalizar la segunda guerra mundial para juzgar a los responsables del holocausto provocado por los nazis. Las palabras que pronunciara el fiscal general americano, Robert Jackson, y que parecieran escritas para nuestra realidad: “No conocemos otros cincuenta años en las historia de la humanidad que hayan sido testigos de tantas crueldades, deportaciones en masa de pueblos a la esclavitud, del exterminio de minorías raciales. … Si no estamos en condiciones de eliminar las causas de estos sucesos bárbaros e impedir su repetición, entonces no creemos descabellado profetizar que tal vez este siglo XX traiga la desgracia y la muerte para toda la civilización”.
Colombia ha sobrevivido a este largo conflicto armado cuyas secuelas se ven en muchos de los rostros de las mujeres que se manifestaron este 25 de noviembre. Me sorprende la capacidad de tantas mujeres errantes, desplazadas, para enfrentar solo con sus carnes y sus huesos, esos “poderes inmensamente superiores en fuerza y recursos bélicos” con una fuerza misteriosa, inexplicable que la filósofa Martha Cecilia Vélez Saldarriaga atribuye al conocimiento profundo de los signos ocultos en sus cuerpos y transmitido de generación en generación por una lengua no dicha. Esa misma lengua sutil que hace que en unos ojos veamos una mirada, que en lugar de objetos fabriquemos sentidos.


MARÍA VICTORIA RAMÍREZ MARTÍNEZ
Corporación Contigo Mujer
Pereira, 27 de noviembre de 2009

MANIFIESTO DE BOGOTA III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA RED INTERNACIONAL DE PERIODISTAS CON VISION DE GENERO.

MANIFIESTO DE BOGOTA
III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA RED INTERNACIONAL DE PERIODISTAS CON VISION DE GENERO.

¨Es en la distribución de los significados donde reside el verdadero poder¨
Eliseo Verón

Capaces de imaginar un mundo libre de violencia para las mujeres; capaces de imaginar un mundo donde mujeres y hombres compartamos la vida, los derechos, los recursos, los sueños y también las incertidumbres y la esperanza; capaces de construir un imaginario colectivo rico en dignidades y libre de sumisiones y abusos…

Periodistas de 17 países de cuatro continentes dejaron sus salas de redacción, sus calles y campos de batalla para anunciar al resto de colegas en el mundo que necesitamos abandonar la mirada sesgada y excluyente; cambiar nuestras rutinas profesionales para escuchar más, ver mejor y comprender la complejidad y diversidad del momento histórico que nos ha tocado testimoniar; que exigimos ver a las mujeres, que no las excluyamos de nuestros relatos, que nos decidamos a vivir nuestra profesión con el riesgo que supone aventurarse por nuevos caminos, por rutas aún no transitadas, sin antiguas brújulas que solo marcaban el norte del poder.

Proponemos subrayar en trazo grueso en nuestras agendas que no podemos admitir la reacción patriarcal que nos empuja a la pérdida de derechos ya conseguidos, recuerden que la historia no es lineal y frente a los avances de los derechos de las mujeres hay tentaciones de retrocesos. Que destaquemos en mayúsculas la lucha contra la violencia de género, el feminicidio, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y los abusos contra las mujeres en conflictos armados. Que la impunidad falsea nuestras democracias, mina nuestras sociedades e introduce la semilla de la violencia que dará su peor fruto: la imposibilidad de la paz.

Exigimos vigilar el cumplimiento de las leyes, denunciar las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, controlar el comportamiento de los gobiernos y que seamos autoexigentes con nuestros propios medios, que no descuidemos nuestro lenguaje, que no lo dejemos envejecer sin incorporar los nuevos usos que las mujeres le dan, que lo reinventemos porque en él entramos todas, que no descuidemos nuestros valores, nuestras responsabilidades.

Que nos empeñemos en hacer buen periodismo, que nos empeñemos en ser profesionales, que amemos una profesión que tiene en la pasión por la justicia y la verdad sus mejores valores.

Trasladamos nuestra solidaridad, reconocimiento y respeto al mismo tiempo que ofrecemos nuestro acompañamiento a quienes ejercen el periodismo en Colombia porque conocemos sus dificultades y los riesgos que implica trabajar en un país en conflicto armado. Sabemos que son enviados especiales sin billete de regreso.

Invitamos a que nadie descanse hasta que consigamos que la profesión periodística sea cómplice apasionada de la libertad y la paz, para todos, para todas.

En Bogotá, a 29 de noviembre de 2009

¿Procurador o Inquisidor

El jueves de esta semana nos sorprendió la noticia de que el Consejo de Estado había suspendido el decreto 4444 de 2006 que regula el servicio de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) en Colombia. Algunos medios de comunicación, de manera irresponsable y apresurada, aseguraron que ninguna IPS podía brindar el servicio de aborto legal.
Rápidamente aclaró la Corte Constitucional que, a pesar de dicha suspensión, la sentencia C-355 que despenalizó el aborto en tres casos sigue vigente, y que todas las decisiones de ese Tribunal son de obligatorio cumplimiento. Eso significa que el servicio de IVE se tiene que seguir prestando a las mujeres que los soliciten en los casos de malformación del feto incompatible con la vida, violación o incesto y cuando está en riesgo la salud física o mental de la mujer embarazada.
Esta situación deja al descubierto que el Procurador General de la Nación y su grupo allegado están ejecutando todo un plan para tratar de revertir la mayor conquista que hemos logrado las mujeres en Colombia, después del derecho al voto en 1954, basado en las concepciones religiosas que él profesa, que son respetables pero que no deben primar a la hora de su ejercicio como funcionario que debe garantizar los derechos fundamentales.
Sin embargo hay que decir que ya se venían venir actuaciones como las que ha tenido el Procurador, si hace unos años al referirse a la decisión que la Corte Constitucional analizaba sobre los derechos de las parejas homosexuales, éste manifestaba: “No olvidemos que cuando en el preámbulo de la Constitución se invoca la protección de Dios, ello tiene consecuencias en el ordenamiento jurídico, puesto que si Él es el autor del orden natural, el legislador positivo no podrá legislar contra este. Si se quiere su protección, mal podría desecharse el ordenamiento por Él establecido. Este proyecto a diferencia de lo que algunos piensan no es de inclusión sino de disolución” (Hacia el libre desarrollo de nuestra animalidad, Universidad Santo Tomás, Sede Bucaramanga, marzo de 2005).
Quienes con su voto en el Congreso de la República contribuyeron a que esta especie de Torquemada fuera elegido para suceder al doctor Edgardo Maya Villazón, estaban firmando la abolición de los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales y, de paso, devolviéndonos décadas atrás en que el Estado colombiano estaba consagrado al Sagrado Corazón, y no era el Estado de Derecho que se supone conquistamos en el 91.


MARÍA VICTORIA RAMÍREZ MARTÍNEZ
Corporación Contigo Mujer

Fuente foto: Foto: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=900089

Tsunami de plomo y silicona

Este artículo fue publicado en el periódico La Tarde de Pereira.

Tratando de encontrar tema para esta columna pensé en el reciente estreno de televisión “Las muñecas de la mafia”, y en un adjetivo que describiera ése y otros programas del mismo semblante. ¡Extravagante!, me dije. Pero al consultar el diccionario de la RAE, me encontré con lo siguiente: “Que se hace o dice fuera del orden o común modo de obrar”.
Sin embargo, observando detalladamente la estética que se ha apoderado de esta ciudad, el modo en que la gente habla, la manera en que esta ciudad ha ido maquillando su pobreza o construyendo sus gruesos patrimonios, y hasta adquiriendo un nuevo dialecto, salta a la vista que “Los textos del Capo”, de “Sin tetas no hay paraíso”, o de “Las muñecas de la mafia” no son una extravagancia sino que retratan, de cierto modo, el estilo y la vida cotidiana de al menos buena parte de la sociedad pereirana, y también de la colombiana.Me he impuesto el penoso trabajo -para mí- de ver algunos capítulos de esas series, solo con el propósito de hacer exégesis; pero ha sido difícil mantenerse frente al televisor sin sentir repulsión. La escena de Amparo Grisales vestida de colegiala, tratando de seducir a su ex marido, un mafioso con hebilla dorada al cinto y camisa de seda estampada, que la observa (lascivamente) retorcerse sostenida de una columna estilo griego y, acto seguido, ella, en una acrobacia casi inverosímil, estira hacia él su tonificada pierna y afirma con un ronroneo: “todavía te gusto”, es sencillamente grotesca.Abundan en estas series los diálogos cargados de la jerga de los carteles. “Yo lo que quiero es un ‘duro’ que me mantenga” o esa “hembrita me la corono yo” son algunas de las frases que conforman el ‘gran esfuerzo literario’ de los libretistas y que son lo que se podría escucha en cualquier esquina de nuestra ciudad, expresiones que no exaltan precisamente la pujanza y el amor por el trabajo que tanto enorgullecen a nuestra “raza paisa”.Estos programas me dejan la sensación de que en lugar de alejar a las nuevas generaciones del narcotráfico, la prostitución y la superficialidad, por el contrario son una exaltación de esos antivalores y de esa antiestética que me sumergen por momentos en una especie de alucinación monstruosa, en la que un día seremos arrasados por un tsunami de plomo y silicona.

MARÍA VICTORIA RAMÍREZ MARTÍNEZ
*Corporación Contigo Mujer

Consulte la versión en inglés de este artículo en la siguiente página:

http://wiesubags.wordpress.com/2009/10/04/tsunami-of-bullets-and-silicone-tits/#more-1754

Artículo La Tarde

PADRES Y MADRES QUE ‘TRATAN’
El martes de esta semana nos despertamos con la noticia de que, según el Consejo de Seguridad de la Ciudad, estarían saliendo de Pereira, con destino a Panamá, niñas que al parecer van a ejercer la prostitución los fines de semana a ese país, con el consentimiento de sus padres. Ningún menor de edad puede salir del país sin el permiso del padre y de la madre. Eso significaría que ambos padres, estarían incurriendo en el delito de trata de personas.
Según la ley 985 de agosto de 2005: “ El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales. "Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación". "El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal".

Los padres tienen la obligación de proteger a sus hijos e hijas, de velar por su bienestar y por su educación. Es inadmisible que, bajo cualquier argumento, las estén empujando a nutrir el tenebroso negocio de la explotación sexual. El Estado, por su parte, tiene la obligación, de acuerdo con esa misma ley, de implementar medidas de protección y asistencia a las víctimas mediante programas encaminados a la recuperación física, sicológica y social de las víctimas, y fundamentados en la protección a sus Derechos Humanos. Estas acciones deberán garantizar la protección a la intimidad y la identidad de las mismas. Las autoridades tienen la obligación de juzgar y castigar tanto a los padres como a los integrantes de las redes, que se están llevando las niñas pereiranas para enriquecerse. Uno esperaría mayor efectividad de las autoridades en establecer desde dónde se operan estas redes y cuáles son sus cabecillas, para desmantelarlas. En este caso particular, se requerirá de la cooperación de las autoridades panameñas para dar con los culpables. Uno pensaría que un negocio casi tan lucrativo como el tráfico de drogas y el de armas, y en el que están en juego la dignidad y la vida de las personas, preocupara mucho más a las autoridades. Si no existe ningún impedimento ético para que estos padres y madres esclavicen a sus hijas, que por lo menos el miedo a un castigo ejemplar de veintitrés años en prisión, los detenga.


No hay que olvidar que existe una línea gratuita nacional e internacional contra la trata de personas, en la que las 24 horas hay personas dispuestas a brindar información y orientación a las personas que sospechen que pueden ser víctimas de trata de personas:


01 8000 52 20 20 si se llama desde dentro del país, y desde fuera de Colombia al 57 1 6001035


MARÍA VICTORIA RAMÍREZ MARTÍNEZ
CORPORACIÓN CONTIGO MUJER
Pereira, 23 de septiembre de 2009

Encuentro de Socias de la Corporación Contigo Mujer

El 30 de agosto de 2009, se realizó un encuentro de socias de la Corporación Contigo Mujer, al que asistieron: Gloria Patricia Salazar, Liliana Herrera, Norma Lucía Bermúdez, María Inés Echeverry, Rosalba Salazar Uribe, Magola Vélez Granada Luz Elena Cardona y María Victoria Ramírez. El objetivo del evento fue el reencuentro de socias antiguas y nuevas, para hacer un recuento de lo 17 años de existencia del grupo y para proyectar colectivamente el futuro. Estuvieron ausentes Fabiana Betancour y Yesenia Aladino.

VISITA DE MÓNICA ROA A PEREIRA

Los días 12 y 13 de agosto de 2009 tuvimos la visita en la ciudad de Pereira de la abogada Mónica Roa de la organización Women's Link Worldwide con el objeto de hacer seguimiento a la sentencia de despenalización del aborto, la C-355 de mayo 10 de 2006. Los eventos fueron convocados por la Alianza por los derechos de las mujeres.



Dentro de los principales actividades estuvieron el Conversatorio realizado el la Universidad Libre de Pereira y la reunión con autoridades de la ciudad denominada “Encuentro de socialización de experiencias en torno a la aplicación de la sentencia C-355”: al que asistieron: El Alcalde Israel Londoño, Gloria Clemencia Cárdenas, delegada de la doctora María Consuelo Montoya del ICBF, y Norma Inés Severino Gaviria, en representación de Javier Locarno de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Risaralda, y por último una serie entrevistas en los medios de comunicación.

ENCUENTRO DE MUJERES EMBERA CHAMÍ DE RISARALDA

SEGUNDO ENCUENTRO DE MUJERES EMBERA CHAMÍ DE RISARALDA

El 7, 8 y 9 de agosto de este año, en el Municipio de Marsella, la Corporación Contigo Mujer participó en el Encuentro de Mujeres Embera Chamí de Risaralda, por invitación del CRIR. Asistieron 500 mujeres indígenas de todo el departamento. Entre otros temas se debatió el de la ablación. Las, según las mismas mujeres embera chamí, son dos: “1. La cura o ablación se realiza para evitar el crecimiento del clítoris hasta el tamaño de un pene y 2. Los hombres no se casan con mujeres que no estén mutiladas”.

Las parteras, quienes realizan la mutilación, tienen el convencimiento de que están curando a las niñas y han empezado a hacerlo con hierbas. La Corporación Contigo Mujer fue invitada a participar en este encuentro con el tema de derechos sexuales y reproductivos. Facilitamos el diálogo entre mujeres de la misma etnia que comparten los mismos problemas, invitando a Eulalia Yagarí, diputada de Antioquia y Patricia Tobón Yagarí, abogada; ambas miembros de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), del resguardo de Cristianía, donde la práctica ya se superó hace 28 años. Agradecemos infinitamente el papel que cumplieron Eulalia y Patricia en el Encuentro al tomar la bandera de los derechos de las mujeres y las niñas y manifestarse clara y contundentemente en contra de la ablación y en la defensa de su cultura y su territorio.


Queda claro de ese encuentro que las parteras están convencidas de que están prestando un beneficio a las niñas. Se ha conocido que algunas de las mujeres más jóvenes se han rebelado contra la práctica, en algunos casos, las mujeres mayores se llevan las niñas para practicarles la ablación a espaldas de sus mamás. En el encuentro las mujeres también denunciaron otros problemas como: maltrato intrafamiliar, violencia sexual de sus esposos y de los actores del conflicto armado, desnutrición, desplazamiento forzado, acoso sexual, mendicidad, prostitución, incesto, matrimonios y embarazos a muy temprana edad (desde los 9 años) entre otros. De igual modo denunciaron abandono del Estado frente a sus necesidades, especialmente en su lucha por el territorio.

Exaltamos el esfuerzo de las mujeres indígenas del departamento para desplazarse desde sus resguardos, con sus hijos e hijas, para pensarse ellas mismas como seres autónomos y proponer soluciones no solo a sus reivindicaciones específicas como mujeres sino también sobre la de toda la comunidad. Saludamos la labor de Solany Zapata primera mujer Consejera del CRIR, encargada del área de mujer.

Como epílogo presentamos el fragmento de un canto de sanación embera, letra de Eulalia Yagarí :

Cuáchique (Hijita mía)

“Ahora yo con el maíz voy a sanarte
Tú hijita, quién ahora irá a mirar a mi hija, su florecita
A desgajar su flor
Quién se encargará de desgajar el brazo más tierno de su ser
Pero yo como ancestra miraré para enseñarte
Para que cuando crezcas seas salvadora de tu propio espíritu y no te dejes lastimar de nadie”.

CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CORPORACIÓN CONTIGO MUJER

A partir del mes de agosto de 2009 entró en vigencia el cambio de junta directiva de la Corporación. Durante 10 años, la abogada litigante Gloria Patricia Salazar Jiménez había ejercido la Representación Legal y presidencia de la organización. Por razones personales, Gloria Patricia Salazar Jiménez renuncia, afortunadamente, seguimos contando con su valioso aporte como defensora de derechos de las mujeres. Ella no se desvincula de la Corporación, continúa en calidad de socia activa y como vocal en la junta directiva.

Asumen los nuevos cargos:

María Victoria Ramírez Martínez (Representante legal y presidenta)
Liliana Herrera Naranjo (Tesorera)
Magola Vélez Granada (Secretaria)

SOBRE LA ABLACIÓN EN RISARALDA, COLOMBIA

Los casos de ablación que desataron todo el despliegue publicitario sucedieron en diciembre de 2007. El juzgado promiscuo de Pueblo Rico, Risaralda, recibió las diligencias procedentes de la Inspección de Policía y la Personería municipal de Pueblo Rico, Risaralda, que daban cuenta del presunto maltrato ocasionado mediante el procedimiento de la ABLACIÓN a las menores indígenas MARINA BATEZA de diecisiete (17) días de edad y otras dos menores indígenas de dieciséis (16) días de edad, hijas de GLORIA MEJIA NEQUETA, las que posteriormente fueron identificadas como SORANY NIAZA MEJIA Y ANGELICA NIAZA MEJIA. Sin embargo, se ha establecido que diversas personas e instituciones habían dado cuenta de la práctica desde los años 80s. La reacción de las autoridades fue siempre silenciar a quienes se atrevían a denunciar y, de parte de las autoridades indígenas, sistemáticamente a lo largo de las tres décadas, la respuesta ha sido no saber de la existencia de la práctica y presentarla como una práctica clandestina, cuyas únicas responsables son las mujeres.
En sus declaraciones públicas, diversos representantes indígenas, presentan posturas contradictorias que dificultan saber cuál es la posición oficial de los indígenas sobre la ablación. Resumo algunas de ellas:
Para algunos la sentencia del juez es extralimitada y disienten de que autoridades distintas a las indígenas deben intervenir amparándose en la jurisdicción indígena que les concede la Constitución. Otros hablan de investigar los orígenes de la práctica para transformarla o erradicarla. Una tercera que simplemente se niega a que ese tema sea tocado públicamente por ser de la órbita privada.
Se ha sabido que algunas comunidades en el mundo que promueven la transformación de la práctica proponen su medicalización, es decir, realizarla de manera aséptica de modo que las víctimas no tengan complicaciones con el procedimiento, tales como infecciones. En Colombia, comunidades de Antioquia y Risaralda han cambiado el corte por la cauterización con una cuchara caliente.

Las explicaciones encontradas para realizar la práctica van desde el temor al crecimiento del clítoris al tamaño del miembro masculino, el control del deseo sexual de la mujer, temblores y catástrofes naturales provocados por el hecho de que la mujer se mueva durante el acto sexual, hasta que los hombre embera no consideran a la mujer que no sea mutilada apta para el matrimonio.
El 24 de julio de 2008, el juez promiscuo de Pueblo Rico, Risaralda, emite sentencia sobre los casos referidos.



Acciones
Por iniciativa de la diputada por el Movimiento Mira, doctora Martha Cecilia Alzate se realiza el Primer Foro Interamericano sobre la ablación del clítoris, al que asistieron representantes del CRIR (Consejo Regional Indígena de Risaralda, académicos y autoridades del departamento y de asesoría del Fondo de Población de las Naciones Unidas. “Se plantearon varias hipótesis sobre las causas que motivan la realización de la práctica de la ablación del clítoris en la población Embera-Chamí, siendo una de las más destacadas entre los panelistas; la necesidad entre las mujeres Embera-Chamí de prevenir la aparición de pseudohermafroditismo o intersexualidad entre las mujeres a causa de una malformación genética producto de prácticas endogámicas (matrimonios entre parientes) que genera un desorden endocrino (glandular) con la consiguiente virilización de las niñas lo cual fue ampliamente explicado especialmente por la Doctora Adriana Arcila, médica Coordinadora del Grupo de Investigación de Estados Intersexuales de la Universidad de Caldas”[1].

2. La Corporación Contigo Mujer promovió una acción urgente en el mes de junio de este año dado que se avecinaba la sentencia del juez sobre los casos de Pueblo Rico. Dicha acción urgente consistió en: a) Un acercamiento a las autoridades del CRIR para indagar sobre las acciones que estaban realizando para prevenir y erradicar la práctica. B) Estudiar la situación jurídica de las mujeres involucradas en los hechos. C) Sensibilizar a organizaciones de mujeres a nivel nacional e internacional y opinión pública en general sobre la gravedad de que esa práctica se realice en Colombia. D) Contactar al juez que tenía el caso.

3. El 11 de septiembre de 2008, la Corporación Contigo Mujer junto con la Casa de la Mujer y la Familia “Stella Brand” y la Comisión de Asuntos de la Mujer del SER convocaron el conversatorio para entender los alcances del fallo del juez. El doctor Marino de Jesús Alzate, autor de la sentencia y actualmente juez de infancia y adolescencia realizó una síntesis ante un auditorio de 90 personas. Cuya parte resolutoria se resume así: “SENTENCIA QUE DECLARA LA AUSENCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN CASO DE LA ABLACIÓN O MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA, (A/MGF), SE ABSTIENE DE ORDENAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN, SOLICITA A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO COLOMBIANO Y A LAS AUTORIDADES INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD EMBERÁ-CHAMÍ DE RISARALDA, ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA PROHIBIR EN FORMA INMEDIATA, UNA PRÁCTICA QUE PONE EN PELIGRO LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL DE NIÑAS RECIÉN NACIDAS Y DESCONOCE SUS DERECHOS EN RELACIÓN CON LA SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL, DESCONOCE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO”[2].

En ese mismo evento se conforma el Comité por la defensa de las Mujeres y las niñas Embera Chamí, a la fecha suscrito por 25 personas representantes de organizaciones locales (De Pie Mujer, La Comisión de Asuntos de la Mujer del Sindicato de Educadores, Corporación Contigo Mujer y la Casa de la Mujer y la Familia Stella Brand), organizaciones nacionales (la Red Nacional de Mujeres y la Ruta Pacífica de las mujeres) y una internacional (el Fondo de Acción Urgente por los derechos humanos de las mujeres), y personas a título individual como el juez que profirió la sentencia antes mencionada, la personería de Pueblo Rico Risaralda, entre otras[3]. El comité ha establecido diálogo con diversas personas conocedoras de la comunidad Embera – Chamí y ha logrado establecer que al parecer, la práctica de la ablación no es ancestral, que no hay argumentos ni mitológicos ni antropológicos para sustentarla, que no tiene más de 150 años de existencia y que ha sido defendida por las comunidades católicas que tienen contacto con los indígenas como una forma de control. La cultura embera chamí no ha abordado el tema seriamente, desde la cultura y cuando ha sido cuestionada por diversas personas e instituciones habían logrado que no fuese prioritario y que no trascendiera a la opinión pública, hasta ahora.

La Corporación Contigo Mujer fue contactada por el Programa Integral para prevenir, atender y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, que es interagencial (hacen parte de él: OIM, FPNU, UNIFEM) y que hace parte de la mesa conformada por el CRIR, ICBF, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo). La mesa viene concertando una intervención con la comunidad Embera sobre el tema. La coordinadora del programa es Flor María Díaz miembro de la Red Nacional de Mujeres. Esta Mesa Interinstitucional ha tenido algunas reuniones con el Comité por la Defensa de las Mujeres y las Niñas Embera-Chamí en las que se han discutido los distintos enfoques sobre cómo abordar el problema de la ablación.


El Comité ha iniciado una interlocución con expertos que han trabajado el tema indígena entre los que podemos mencionar: Mónica Rojas, antropóloga que trabajó durante varios años en Risaralda con la comunidad embera chamí y que conocía de la práctica desde el año 95, con el antropólogo Efraín Jaramillo del Colectivo Jenzera, quien había escrito sobre el tema en el 2007, incluso interpelando a las organizaciones feministas que no se habían manifestado públicamente al respecto, en un documento titulado: un debate necesario sobre la multiculturalidad, a raíz de la mutilación del clítoris en niñas embera. La convivencia pluricultural no existe en un vacío de valores, pero tampoco en una cohabitación simultánea de derechos fundamentales que se contraponen.

1. Y quisiera resaltar un párrafo de ese texto: Es necesario entender que los indígenas ya no viven solos, en un mundo que ellos puedan manejar y sobre el cual ellos puedan decidir solos. Y deben entender también que el daño que causan a sus hijas y el dolor que les infringen, independientemente de las razones culturales que se aduzcan, es una violación a derechos que también a nosotros los no indígenas nos afectan, por el hecho de que estamos conviviendo con ellos en un mismo espacio y compartimos la misma nacionalidad, aunque pertenezcamos a universos culturales, lingüísticos y semánticos diferentes. Nuestra última interlocución ha sido con Patricia Tobón Yagari, abogada indígena embera de Antioquia perteneciente a la ONIC y al colectivo Jenzerá. Ella nos está ayudando a aproximarnos al tema desde la perspectiva de una comunidad como la de Cristianía que, según ella, ya ha erradicado esa práctica.

2. Recientemente, el Comité conoció el caso: ocurrido el 13 de marzo de 2009 de una niña de tres días de nacida, víctima de ablación de la vereda Bajo Gito, municipio de Pueblo Rico (Risaralda). Según el reporte del Hospital San Rafael del municipio de Pueblo Rico, la niña ingresó al servicio de consulta externa médica para la realización de certificado de nacido vivo, fue hospitalizada puesto que no se encontraba en buenas condiciones de salud. Según el padre y la tía de la menor, la partera que atendió el nacimiento le había quemado el clítoris con unas Yerbas para evitar que cuando estuviera grande éste le creciera y se pareciera a un hombre. El padre manifestó no estar de acuerdo con la práctica y que las mujeres lo hacían a escondidas. Según ha sido informado a este comité, la niña permaneció por algunos días bajo tutela de Bienestar Familiar, pero ya fue devuelta a sus padres.

Se conoce del acuerdo firmado entre autoridades indígenas EMBERÁ-CHAMÍ de los municipios de Mistrató y Pueblo Rico e instituciones locales competentes en la atención y garantía de derechos a la población infantil, suscrito en Pereira en noviembre 6 de 2007, en el que se indica que:

“1.-Las autoridades indígenas darán instrucciones a las comunidades, especialmente a las mujeres y a las parteras, acerca de que no se admite que enfermen o mueran niñas a causa de la “práctica”. En caso de enfermar o morir una niña a causa de la “práctica” serán demandadas ante la justicia del Resguardo, tanto la madre como la partera; en caso de no prosperar esta justicia, el caso será llevado ante la justicia ordinaria”.

3. El caso conocido por el Comité muestra que el acuerdo no se ha cumplido por parte de las autoridades indígenas, que las entidades firmantes: el I.C.B.F, el Ministerio del Interior y de Justicia y la Defensoría del Pueblo no han hecho seguimiento al convenio suscrito corroborando lo expresado por el Juez Marino de Jesús Arcila Alzate en su sentencia de julio 24 de 2008 en la que sostiene que: “las gestiones encaminadas a transformar la práctica mediante procedimientos pedagógicos a los que hacen referencia las entidades mencionadas, el I.C.B.F, el Ministerio del Interior y de Justicia y la Defensoría del Pueblo, son insuficientes e ineficaces, pues mientras se produce ese proceso pedagógico, las niñas de la comunidad indígena EMBERA-CHAMÍ, continúan corriendo el riesgo de perder la vida. …”

4. En el punto segundo del acuerdo, las autoridades indígenas se comprometen a orientar a sus comunidades que para prevenir complicaciones y riesgo de muerte, se debe remitir la niña que presente afectaciones al centro de salud más cercano y en los subsiguientes numerales se establece un control entre las autoridades indígenas, los inspectores de policía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para controlar los casos que se presenten y termina el acuerdo diciendo que el proceso pedagógico de sensibilización, reflexión y transformación de la práctica cultural se hará sin perjuicio de la atención debida a los casos de las niñas afectadas en su salud con ocasión de la “práctica”. (folios 6,7 y 8).”

El Comité solicitó mediante derecho de petición, en concordancia con lo ordenado por la sentencia del juez en su numeral sexto resolvió: SOLICITAR a las autoridades del estado Colombiano; PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA; GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA; ALCALDE MUNICIPAL DE PUEBLO RICO, RISARALDA; ALCALDE MUNICIPAL DE MISTRATÓ, RISARALDA; GOBERNADOR MAYOR DEL RESGUARDO INDÍGENA UNIFICADO EMBERÁ-CHAMÍ DEL RIO SAN JUAN DE PUEBLO RICO, RISARALDA; GOBERNADOR MAYOR DEL RESGUARDO INDÍGENA GITO-DOCABU; CONSEJERO MAYOR DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE RISARALDA, (C.R.I.R) o a quienes representen esos cargos o hagan sus veces, que expidan los actos administrativos, decretos, resoluciones, acuerdos u órdenes que sean necesarias PARA PROHIBIR EN FORMA INMEDIATA Y URGENTE LA PRACTICA DE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA (A/MGF)- en el interior de la comunidad EMBERÁ-CHAMÍ del departamento del Risaralda.

5. Estamos haciendo seguimiento a lo que se dice en los medios de comunicación: Un ejemplo es la afirmación de Florence Thomas: “es una práctica sobre la cual no debe ni preguntarse por un punto de vista, porque es un acto condenable ante el cual no se debe invocar la cultura”.

Puntos para el debate

Hay varias cosas que es necesario aclarar. Primero que las personas que trabajamos porque la ablación se erradique en Colombia, no somos enemigos de la causa indígena y no lo es el juez Alzate Arcila por haber proferido una sentencia que le recuerda a las Entidades del Estado y a organismos internacionales que no pueden evadir el deber que les corresponde de proteger la vida y la integridad de las niñas embera. Que varias de las organizaciones y personas que se han manifestado públicamente en este debate en defensa de los derechos de las niñas embera tienen toda la autoridad moral para hacerlo porque han acompañado durante décadas su lucha por la tierra, por el reconocimiento de su cultura.

Está por esclarecerse el origen de la práctica de la ablación en Colombia pero varias de las fuentes consultadas parecen coincidir en que no es una práctica ancestral, que no hace parte del Código de origen de los embera, es decir que no es un mandato de su dios Karagabi y que no tiene sino alrededor de 150 años de ser practicada en nuestro país.

En otras culturas cuando se ha hablado de transformación se ha traducido en medicalización de la práctica. El comité rechaza esa posibilidad.

Quiero hacer mención al Editorial del periódico El Tiempo del viernes pasado en el que se dicen dos cosas: una que la práctica de la ablación está suspendida, cosa que sería, al menos imprecisa, puesto que el caso que acabo de relatar así lo demuestra, a menos que se haya suspendido después del 15 de marzo de este año, lo cual nos gustaría que fuese verdad pero sobre lo que tengo serias dudas.

Lo segundo es acerca de que la mutilación se reemplazaría por un bebedizo. A raíz de eso he escrito a muchas feministas para que me dieran una opinión. Quiero resaltar una de ellas que creo que nos debe cuestionar. La de Lucy Garrido, una feminista uruguaya.

¿De quién es la propuesta de sustituir la ablación por un "bebedizo"? Esa idea aleja el peligro para la salud de las mujeres (bueno... depende del contenido de la bebida), pero perpetúa el nivel simbólico de la misma, verdad? Acaso la intención será seguir perpetuando el control sobre la sexualidad y el placer de las mujeres.
La literatura de la Edad Media está llena de "bebedizos/elixires de amor". En Tristán e Isolda, por ejemplo, cuando se acuestan por primera vez, aparece una bebida que toman y que justifica lo que luego harán: engañar al marido de Isolda. La culpa de todos los adulterios, la tenía el "bebedizo". En este caso, en cambio, no lo beberían para liberarse y hacer lo que se les de la gana, sino todo lo contrario: para reforzar su papel de mujeres a disposición de sus hombres. ¿El UNFPA, la secretaría contra la violencia, los grupos feministas, promoverían algo así?

Lucrecia Ramírez, médica psiquiatra y feminista afirma que: si la propuesta de dicho elixir vino de una Embera, probablemente lo hizo en aras de una negociación con su pueblo en la perspectiva mágico-religiosa, con el discurso médico-jurídico que alborotaba los avisperos temiendo por la vida de las niñas y con el discurso feminista que las enfrentaba al peligro del ostracismo en el seno de su comunidad. Para conjurar el peligro de la dimensión simbólica patriarcal que perpetuaría el ritual del líquido, propongo que a dicho ritual se le asociara un referente simbólico que de plano evitara toda asociación con lo ablativo que sabemos que en el fondo lo que significa es nada más y nada menos que eso: LO ABLATIVO - LO EXCLUYENTE. Así que propongo pensemos en algo INCLUYENTE - EMPODERADOR - bien simbólico, bien potente, mágico religioso, que seduzca a los que manejan lo simbólico en las tribus, bien aséptico que seduzca a los "doctores" del cuerpo médico -jurídico y bien subvertor que nos deje tranquilas a nosotras.

Me llama la atención el estado en el que va el debate en otros países como España en el que las mujeres mutiladas tienen derecho a que su servicio de salud les practique gratuitamente la cirugía de reconstrucción del clítoris. Yo me pregunto que conceto daría la Corte constitucional cuando empiecen a entutelar el derecho las indígenas embera chamí. Sería interesante que las mujeres embera tuvieran esa posibilidad en lugar de estar planteando el bebedizo que las controle y evite, como lo afirma Solany Zapata: que sean brinconas, dejen a los maridos o se vuelvan marimachos.
Finalmente, recordar que en todas las culturas sin excepción, incluso las más avanzadas las mujeres aún no han logrado su plena humanidad, como diría Simone de Beuvoir, pero sobre todo aquellas que en Colombia, en África o en otras latitudes aún no tienen el derecho a la integridad física. Es nuestro deber hacer lo necesario porque eso no siga sucediendo. Como afirma Efraín jaramillo: Las niñas indígenas mancilladas de Colombia se lo merecen...


La Corporación Contigo Mujer en informe presentado a la Red Nacional de Mujeres para el Diagnóstico de Derechos Humanos de las Mujeres hizo las siguientes recomendaciones en diciembre de 2008:

1. Impulsar una iniciativa legislativa para prohibir la práctica de la ablación en Colombia, que dé un tratamiento no criminalizado a quienes la violen.
2. Realizar un seguimiento a las instancias nacionales e internacionales a las cuales requirió el juez en su sentencia, para verificar que sí estén adelantando las acciones tendientes a erradicar la práctica[4].
3. Solicitar a las autoridades indígenas Nacionales y del departamento que clarifiquen su postura sobre la práctica, si es de erradicación, tolerancia o transformación.
4. Buscar un compromiso de las Autoridades indígenas para erradicar la ablación en Colombia y establecer los mecanismos concertadamente para lograrlo.
5. Explorar mecanismos de verificación claros y expeditos con el Instituto de Bienestar Familiar que permitan comprobar que las niñas Embera no están siendo mutiladas.
6. Buscar acercamientos o alianzas con la FIGO (Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras), promotores de la Campaña Mundial de “Cero tolerancia frente a la ablación” para que centren su atención en el caso colombiano.
7. Que la Red Nacional de Mujeres y el las organizaciones involucradas en el Plan Alternativo de Derechos Humanos se manifiesten públicamente en contra de la práctica, en contra de que se medicalice y en contra de que se responsabilice solo a las mujeres de sus existencia.

[1] Comunicado emitido por la oficina de prensa de la diputada Martha Cecilia Alzate.
[2] Sentencia 66572-40-89-001-2008-00005-00 en proceso de protección por violencia intrafamiliar. Juzgado Promiscuo de Pueblo Rico Risaralda.

[3] Ver Acta de Constitución del Comité por la defensa de las Mujeres y Niñas Embera-Chamí.
[4] Leer especialmente páginas 35, 36 y 37 de la sentencia en las que hace referencia a las instituciones involucradas.

COMUNICADO SOBRE CLÍNICA DE LA MUJER EN MEDELLÍN

LIBERTAD DE OPINIÓN V/S DERECHO A LA INFORMACIÓN


Con varios artículos que están circulando sobre la “Clínica de la Mujer” el público está siendo desinformado, entendiéndose esta como una distorsión de la información y la manipulación de la misma que induce a engaño al receptor.

Garantizar a los ciudadanos y las ciu­dadanas la posibi­lidad de expresar sus opiniones, creencias o convicciones es funda­mental dentro de una democracia. Sin embar­go, se debe comprender que este derecho va más allá de la libertad de expresión.
Los/las autoras de dichos artículos se han limitado a mostrar la “Clínica de la Mujer” como un centro abortista, afirmación que dista mucho de lo que es realmente este proyecto piloto en América Latina: una iniciativa de la administración municipal que ha mostrado su interés y preocupación por la salud integral de las mujeres y cuyo ejemplo debe ser seguido por otras administraciones.

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres hace un llamado a los medios de comunicación para que respeten el derecho a la información, haciendo que se cumpla el principio del mismo, el cual es informar de una forma veraz y objetiva. De esta forma, las mujeres no se verán enfrentadas a la desinformación que esconde la ideología antiabortista, lo cual ha hecho que miles de ellas no hayan accedido a una atención adecuada en el caso de la IVE y esto les haya costado la vida a muchas de ellas.

La prestación de este servicio en un centro especializado se hace en el cumplimiento de la ley y de un deber legal del Estado de garantizar que las mujeres puedan acceder a este, superando las múltiples barreras a las que se han visto enfrentadas, lo cual debe ser ejemplo para muchos centros de salud que se han negado a prestarlo.

La Clínica de la Mujer, que se construirá en Medellín, llevará a cabo un modelo de cuidado integral de la salud de las mujeres con enfoque de género, donde se priorizarán tres líneas de trabajo: salud sexual y reproductiva, salud mental y violencias de género.

En el tema de salud sexual y reproductiva estarán incluidas las infecciones de transmisión sexual, VIH SIDA, prevención del embarazo adolescente, atención ginecológica en menopausia, patología de mama y útero, así como programas de planificación familiar y sexualidad.

El área de salud mental será igualmente importante. Se prestará atención psicosocial en trastornos asociados a la condición de género como estrés postraumático, trastornos emocionales, desórdenes alimenticios como la anorexia y la bulimia. Las adicciones y el uso de sustancias psicoactivas harán parte también del portafolio de atención y prevención que facilitará la Clínica de la Mujer.

La tercera línea estará especializada en la violencia de género, entendida no sólo como violencia de tipo sexual, sino con el impacto de la violencia social cuyas principales víctimas son las mujeres.

Preocupa entonces que los autores de estos artículos, y opositores de esta iniciativa, se hayan empeñado en afirmar que es un centro abortista, ya que solo cuestionan y visibilizan el hecho de que en ella se piense habilitar los servicios de Interrupción Voluntaria de Embarazo –IVE–, en los casos autorizados por la Corte Constitucional en su sentencia C- 355 de 2006.

¿Por qué no informan que allí se atenderán desde un enfoque de derechos y de género, las necesidades de las mujeres en materia de acceso a la salud en general, de una forma integral y especialmente la salud sexual y reproductiva? ¿Qué interés prima en ellos? ¿Son más importante sus creencias que los derechos de las mujeres? ¿No basta con que esta idea haya surgido ante las necesidades sentidas de las mujeres en Medellín, ya que los principales problemas que afectan su salud y su vida se dan por condiciones estrictamente ligadas a su condición de género?

En los últimos 5 años han muerto en la ciudad de Medellín más de 400 mujeres por cáncer de cérvix y más de 700 por cáncer de mama. Y qué decir del sinnúmero de embarazos no deseados y no planificados en esta ciudad, destacándose el embarazo en niñas y adolescentes y el aumento de enfermedades de transmisión sexual en mujeres incluyendo el VIH? ¿A qué cifras debemos llegar para que se vea con buenos ojos este tipo de iniciativas?

Es hora de que terminemos con la hipocresía, con los fundamentalismos, con la doble moral. La libre opción a la maternidad es un tema complejo, es un asunto de autonomía, de democracia y de derechos humanos; debemos abrirnos entonces a una discusión libre de prejuicios y sesgos morales o religiosos, que nos hagan crecer como sociedad. No pueden seguir imponiendo una verdad basada en “fundamentalismos”. Las mujeres estamos cansadas de que se nos intente conducir como borregas por aquellos que se niegan a aceptar que la IVE es un derecho ya establecido en Colombia.

Para muchas mujeres acceder a esa intervención se ha convertido en una odisea. El hecho de que el aborto en Colombia, tres años después de su despenalización parcial, sigua siendo un tabú y la dificultad de que las mujeres puedan acceder a este derecho, es una muestra más de que en nuestro país ejercer la legalidad no es fácil.

Bogotá, Agosto 19 de 2009

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, es un colectivo de instituciones y personas que desde su conocimiento y experiencia, trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en especial por la legalización del aborto y la práctica del aborto seguro y de calidad en Colombia.
Desde el año 1993, ha hecho un llamado al Estado Colombiano para que garantice el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo; y desde el año 2006 trabaja para exigir a todos los actores del sistema de salud el cumplimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional C-355 de 2006 y de la posterior reglamentación expedida por el Ministerio de la Protección Social.
www.despenalizaciondelaborto.com.co
Mayor información: Claudia M. Ramírez – Comunicaciones- Celular: 311 - 2174742

SOBRE EL MITO DE LA MUJER PEREIRANA

Esta semana ha habido gran revuelo en la ciudad debido a una acción de los artistas que puso el tema de las pereiranas en los medios de comunicación. Desde la Corporación Contigo Mujer hemos estudiado y discutido ese tema hace ya algunos años y quiero compartir algunas de nuestras reflexiones, anticipando que nos parece muy importante que el tema se aborde desde distintas ópticas, y por supuesto la de los artistas es muy a menudo una mirada que sacude y cuestiona, cosa tan necesaria para la salud mental de los pueblos.
El Mito de la Mujer Sorda o el mito de la mujer pereirana se define como la creencia de que la mujer de Pereira va a la cama con facilidad y es proclive a la prostitución. Esto se expresa coloquialmente “como la pereirana sorda, a la que le dicen siéntese y se acuesta”. Hasta donde conocemos, dos documentos han explorado seriamente los orígenes del mito: Génesis de un mito. La Pereirana, de Patrica Granada y Víctor Zuluaga y el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Risaralda, trabajo dirigido por la historiadora feminista risaraldense María Inés Echeverry: El primero explica el origen del mito a partir del concepto de centro – periferia, asumiendo que es teniendo como referente a la mujer manizalita, la del centro, la mujer buena, como se articula, define y estructura el mito de la mujer pereirana, la de la periferia, la mala, la prostituta. Es decir que se le da mayor valía a la espiritualidad Manizalita frente a lo que los autores denominan la corporalidad o voluptuosidad de Pereira. “Pereira se funda en 1863 en territorio caucano, con autoridades caucanas y con orientación política caucana ‘Las leyes del Cauca eran muy liberales frente al fenómeno de la tierra.”... “ Pereira pronto se convertiría en una especie de refugio para los liberales que habían sido derrotados en la guerra de los mil días”. La balanza entre liberales y conservadores determinó que en Pereira se diera un mayor clima de tolerancia Política[1].
Por su parte y desde una mirada feminista, la historiadora Echeverry lo explica así: “se percibe a la mujer risaraldense, diferente de las mujeres de otras regiones del país, con mayor autonomía, libertad y con mayores niveles de empoderamiento. Por ello la cultura la castiga y la estigmatiza, e insiste en validar roles y actividades que continúan vulnerando los derechos humanos de las mujeres. Se diría que hubo también una valoración de lo diferente, con menores niveles de discriminación y de segregación sociales. La llegada a la región y a la ciudad de muchos librepensadores es probable que haya incidido de manera importante en una visión de los géneros que, sin salirse de una concepción y estructura patriarcales, propiciaría una actitud y una manera de ser específicas de las mujeres risaraldenses que las llevaría a asumir un papel importante en la vida de la región”.
Para la Corporación Contigo Mujer, entender el Mito, sus causas y consecuencias ha sido una de sus preocupaciones centrales. Definitivamente el Mito vulnera los derechos de las mujeres pereiranas. Según publicación de la OIM[2] más del 90% de las víctimas de trata de personas en Colombia son mujeres, en la modalidad de explotación sexual. La edad promedio de las víctimas está entre 23 a 27 años, aunque los rangos van de 11 a 41 años. Aunque el desempleo y la falta de oportunidades es un factor de riesgo, el mayor número de víctimas no provienen de las zonas más deprimidas sino de las que han sido o son más prósperas. La mayoría de víctimas provienen del Eje Cafetero, siendo Risaralda el que aporta el porcentaje más alto. Las ciudades identificadas como generadoras de mayor número de víctimas son en su orden, Cali, Medellín y Pereira. Bogotá ocupa el quinto lugar.
Obviamente que vulnera los derechos de las mujeres el hecho de que, dentro y fuera del país, ser de un territorio determinado las haga presas de malos chistes, señalamientos y o propuestas sexuales muchas veces indeseadas por las mujeres. En el mejor de los casos. Y vulneración de sus derechos cuando en el exterior, por ejemplo, se nos ve casi siempre como prostitutas incluso cuando vamos a desempeñarnos profesionalmente, de vacaciones, etc.
El Mito afecta a todas las mujeres pereiranas porque es el castigo por una manera de ser más libres frente a nuestro cuerpo, frente a la sexualidad, siendo mujeres más dispuestas a tomar riesgos, como lo indican los altos índices de migración de esta región. Según el censo realizado por el Departamento Nacional de Estadística DANE en el 2005, en Pereira viven permanentemente 428.397 personas de las cuales 223.420 son mujeres. Según investigación de la Red Alma Mater, en 2003. 1129 mujeres estaban dedicadas a la prostitución en establecimientos visibles. Es difícil establecer cifras reales dado que las formas de oferta de prostitución se han diversificado. El censo en el exterior es todavía más complejo. El Mito beneficia, en este caso, a las Redes de prostitución femenina, en general de trata de personas dentro y fuera del país y a los usuarios de ese servicio que son los hombres. Creo, sin que hayamos hecho una investigación concluyente que el Mito alimenta el fenómeno de la trata de personas y específicamente el de la prostitución femenina. Pero estadísticamente no es lo más significativo de las consecuencias del Mito. Si se tiene en cuenta que quienes ejercen la prostitución no representan ni el 0,6% de la población femenina de la ciudad. El problema es que independientemente de lo que hagamos se nos defina como mujeres fáciles.

Desde la Corporación Contigo Mujer hemos pensado dos estrategias para develar y combatir el mito: 1. Entender sus raíces y esto se hace a través de una investigación muy exhaustiva sobre todos los posibles orígenes del mito y las consecuencias sobre la vida de las mujeres pereiranas. Confirmando o refutando la hipótesis de que el mito hace más vulnerables a las mujeres pereiranas al fenómeno de la trata de personas. 2. Lo que hemos llamado la estrategia de empoderamiento de las niñas y las adolescentes mediante el conocimiento y apropiación de su historia, haciendo conciencia de la existencia del Mito, mediante el conocimiento y apropiación de sus derechos y de un proceso de construcción de una identidad de género que haga posible una autovaloración positiva que potencie el arrojo y empuje de las mujeres pereiranas desde la equidad y el respeto por sus derechos humanos. ES DECIR, NO A ACEPTAR PASIVAMENTE UN MITO QUE NOS REDUCE A LA INMANENCIA, A LA CALIDAD DE OBJETOS. 3. Resistirse a pensar que lo que único que queda para la mujer pereirana es la resignación ante el estigma. No aceptar que el mote de sordas sea nuestra segunda piel.
MARÍA VICTORIA RAMÍREZ MARTÍNEZ
[1] GRANADA Patricia y Víctor Zuluaga. Origen del Mito, la pereirana.
[2] Informe realizado conjuntamente por OIM, DAS-Interpol y Grupo Humánitas de la Policía Nacional de Colombia, 2006.

Campaña 2009 seguimiento a Sentencia de despenalización del aborto

La Alianza por los Derechos de las Mujeres de Risaralda ha decidido centrar su atención este año en el seguimiento a la Sentencia C-355 de despenalización del aborto.

Una de las actividades de la Campaña fue el taller con Inspectores y Corregidores de la ciudad (35 en total), pactado con el Alcalde de Pereira, en la que la Alianza explicó los alcances de la sentencia, abordó el tema de la atención a las víctimas de abuso sexual, expuso los casos de obstaculización al cumplimiento de la sentencia tales como constreñimiento, no entrega de la copia de la denuncia e incluso acoso sexual por parte de los inspectores a las vícitimas. Finalmente presentó las sanciones en que incurrirían los funcionarios que no cumplan con lo ordenado por la Corte Constitucional. Los funcionarios se comprometieron a darle difusión en sus inspercciones y corregidurías a la campaña para que las mujeres conozcan el derecho que adquirieron dese el 10 de mayo de 2006.

La artista pereirana Yorlady Ruiz, integrante de la Alianza ha propuesto una serie de ideas muy creativas para circular por la WEB sobre el tema del aborto. Aquí presentamos la primera postal de la campaña titulada "Marylin nos apoya".

EL PROYECTO EMBERA WERA

Fuente: La Tarde

A finales del mes pasado fue lanzado en Pereira el proyecto Embera Wera (Mujer Embera) en el recinto de la Asamblea Departamental, en el que se hizo mención explícita a la práctica de la ablación.
Quiero decir, en primer lugar, que me alegró mucho ver a Solany Zapata, Consejera Regional Indígena de Risaralda, que en entrevista a El Tiempo manifestaba que, como embera, ella se oponía a la práctica porque había que respetar los derechos de las mujeres y, sobre todo, los derechos de las niñas. Me llamaron la atención los argumentos en boca de Solany Zapata que ya habíamos escuchado en varios líderes indígenas: que se realizaba para que las mujeres no fueran brinconas, no dejaran a sus maridos y no fueran marimachos.En todo este debate que se ha abierto, afortunadamente, porque hasta hace muy poco se negaba que existiera la práctica y ninguna autoridad ni indígena ni ‘mestiza’ quería tocar el tema, han salido argumentos, además de los que menciona la líder indígena de Risaralda, que vale la pena relacionar: que si las mujeres se mueven en el acto sexual se desatarán catástrofes naturales, que es para contrarrestar una posible malformación genética de los embera conocida como seudo - hermafroditismo y que consiste en que el clítoris desarrolla un gran tamaño por lo que podría parecerse a un pene. Pero el más sui generis de todos lo escuché en una entrevista radial que le hacían a un líder indígena de Antioquia, que manifestaba que se realizaba para proteger a la comunidad porque en el marco del conflicto armado, cuando los grupos armados entraban a atacar a las comunidades indígenas, abusaban sexualmente de las mujeres y que la ablación, entonces, evitaba que los violentos gozaran sexualmente de sus mujeres.Todos estos argumentos tan diversos demuestran que realmente no se conoce el origen de la práctica, ni siquiera lo conocen con exactitud los embra - chamí que se la practican a sus niñas recién nacidas. Y esa podría ser una muy importante exploración antropológica, porque hay incluso versiones que dicen que la práctica no es milenaria como lo afirma Solany Zapata, sino que se realiza sólo hace unos 70 años en Colombia lo que sería una práctica impuesta o aprendida de otra cultura, muy recientemente, de no ser porque lo que está en juego son la vida, la salud sexual y reproductiva de las niñas embera chamí y eso no da tiempo a que una exploración histórica o antropológica arroje resultados contundentes sobre la génesis de esta práctica. Así lo comprueba el caso que llegó hace algunas semanas al Comité por la Defensa de las niñas y las mujeres embera chamí, constituido por personas y organizaciones de mujeres que buscan la erradicación de la ablación, de una niña de 3 días de nacida que llegó el 15 de marzo de este año al hospital San Rafael de Pueblo Rico, Risaralda, a la que se le había practicado la ablación, según ficha epidemiológica, por la partera que era su tía. Según manifestaba el padre, él no estaba de acuerdo con la práctica. Sin embargo, la niña fue llevada al hospital para obtener el certificado de nacido vivo para recibir un subsidio y no para atención médica. El médico que la atendió se percató de la mutilación del clítoris y del grave estado de salud en el que se encontraba la niña producto de la quema del clítoris con unas yerbas. Por este caso, el Comité por la defensa de las mujeres y las niñas embera - chamí ya presentó derechos de petición a la Procuraduría Regional, la Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y solicitó información al Fondo de Población de las Naciones Unidas y a la ONIC, instituciones todas ellas involucradas en el proyecto Embera Wera a través de una Mesa Interinstitucional y de la que esperamos tomen cartas en el asunto sobre los casos de ablación que se siguen presentando en Risaralda.

MARÍA VICTORIA RAMÍREZ MARTÍNEZ
Publicado en La Tarde, 13 de mayo de 2009

PROGRAMA RADIAL TODAS Y TODOS Domingo 17 de Mayo

ABLACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

La ablación, como práctica cultural en algunas comunidades indígenas, es un tema reciente en Colombia y sobre el que aún hay mucho por hablar. Basta con mencionarlo y de inmediato se forma la discusión entre quienes están de acuerdo con ponerlo sobre el debate como un asunto de derechos humanos de las mujeres, y quienes opinan que como es una práctica cultural es mejor no ventilarlo en los medios porque es algo que tienen que resolver las comunidades en su interior.
Invitadas: María Victoria Ramírez, de la Corporación Contigo Mujer, y la abogada Isabel Agatón.

Este programa se trasmite todos los Domingos de 9 a 9:30 a.m. por la UN Radio, 98.5 FM Bogotá.
Su directora es María Mercedes Tello S., Comunicadora Social-Periodista, especializada en la
temática de mujer y género.
Anteriores Emisiones:
http://www.unradiobogota.unal.edu.co/index.php?id=316&tx_ttnews[tt_news]=5395&tx_ttnews[backPid]=200&cHash=9403dc7b33

Email: todasytodos@unal.edu.co

ACTA DE CONSTITUCIÓN COMITÉ POR LA DEFENSA DE LAS MUJERES Y NIÑAS EMBERA CHAMÍ

El 11 de septiembre de 2.008 en la ciudad de Pereira- Risaralda Colombia las organizaciones y personas aquí presentes teniendo en cuenta que en el Resguardo Unificado Chamì bajo Rio San Juan de la Comunidad Embera Chamí de Pueblo Rico, Risaralda, Colombia, se realiza la práctica de la ABLACION ( MUTILACION GENITAL FEMENINA), vulnerando los derechos de las mujeres y las niñas de esa Comunidad, y con base en la CONVENCION PARA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMIANCION CONTRA LA MUJER, LA RESOLUCIÓN DE LA FIGO (Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras), PRONUNCIAMIENTO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL y LA SENTENCIA 66572-40-89-001-2008-00005-00 del Juez Promiscuo de Risaralda, doctor Marino de Jesús Arcila Alzate, hemos decidido constituir el COMITÉ POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EMBERA CHAMI, el que podrá ser conformado por personas naturales, organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales.

Este comité definirá la periodicidad de las reuniones, los principios por los que ser regirá, las acciones a realizar, designará la coordinación.


PRINCIPIOS:

1- El comité no realizará ninguna acción en contra de la Comunidad indígena.
2- Realizará acciones para sensibilizar la comunidad sobre la práctica de la ablación.
3- Ejecutará acciones de incidencia política para proponer desarrollos legislativos que prohíban la ablación y no promoverá sanción penal a las responsables de dicha práctica.
4- Promoverá un proceso pedagógico al interior de la Comunidad para la erradicación de dicha practica
5- Deberá ser un comité democrático.
6- El Comité estará regido por al Constitución y la Ley.
7- No revictimizará a las mujeres que practican la ablación.
8- Rechaza la medicalización de la práctica.

CORPORACIÓN CONTIGO MUJER

CASA DE LA MUJER Y LA FAMILIA “STELLA BRAND”

RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES

RED NACIONAL DE MUJERES

COMISIÓN DE LA MUJER EDUCADORA (SINDICATO DE EDUCADORES DE RISARALDA)

GRUPO DE PIE MUJER


FIRMAS:

MARINO DE JESÚS ARCILA ALZATE (JUEZ) C.C. 10.193.374

DIANA MARCELA TORO OSORIO (PERSONERA DE PUEBLO RICO – RISARALDA) C.C 25.001.183

MARÍA TERESA HENAO FERNÁNDEZ C.C. 24.944.745 de Pereira

RUBY HINCAPIÉ V. C.C. 42052368

LUISA MARÍA PEÑA M 42.164.892

MARÍA ANGÉLICA RÍOS VARGAS . T.I. 91100873554

DIANNE FRANCESACA MEDINA 1.088280933

PAULA ANDREA ARCILA 92111958272

IRIS LAUDITH PULIDO 42.156.759

ALEXANDRA RÍOS

ANDRÉS ALZATE A. 10.020.777

SONIA PACHÓN F. 24.932.587

FANNY SEPÚLVEDA MEJÍA 24.922.578

OMAIRA OROZCO RÍOS 24.318.214

MIGUEL IDÁRRAGA CASTAÑO 1.088.273.399

LINA MARCELA LONDOÑO 30.230.950

LA PROCURADURÍA CONTRA LAS MUJERES

Fuente: La Tarde

El 10 de mayo de 2006, fecha en la Corte Constitucional profirió la sentencia C-355 en la que se despenalizaba el aborto parcialmente en Colombia, yo estaba a un mes de haber dado a luz, y la sutura producto del parto por cesárea se resintió cuando al saber de la decisión salté de alegría. Tomé el teléfono para llamar a Mónica Roa y decirle que gracias a ella y a todas las mujeres que la habían precedido y las que la habían acompañado en su lucha, hoy las mujeres de Colombia éramos un poco más libres, que sentía que mi hijo habitaría un país ligeramente mejor.
La batalla por hacer de ese derecho obtenido, hace casi tres años, una realidad ha sido ardua. Los obstáculos han sido múltiples. Hemos visto cómo muchos médicos, fiscales, entidades de salud, inspectores de policía y hasta jueces se han atravesado para que las mujeres no pudieran acceder a la libre interrupción del embarazo en los casos que la ley lo permite. En estos tres años han nacido niños y niñas producto de violaciones que las mujeres víctimas no querían. Hemos tenido que soportar que las autoridades y los médicos, pese a que la sentencia es clarísima sobre los requisitos, inventaran nuevos requisitos para obstaculizar, dilatar y revictimizar a las mujeres.
Pero lo que produce más consternación es que sea la Procuraduría General de la Nación la institución que lidere iniciativas que contravienen su obligación de proteger el derecho que tenemos las mujeres a interrumpir el embarazo en los casos contemplados en la sentencia de la Corte. Así lo demuestra la reciente decisión de la doctora Ilva Myriam Hoyos de no prorrogar el contrato que la Procuraduría tenía con la organización Women’s Link Worldwide para capacitar a funcionarios de esa institución en temas relacionados con la sentencia C-355. Yo pregunto: ¿Quiénes seguirán capacitando a los funcionarios de la Procuraduría?, máxime cuando esa capacitación no le costaba ni un peso a esa institución y ahora podrían argumentar que no hay presupuesto para continuar con el proceso de entrenamiento.
En diciembre de 2008, en esta misma columna, advertía yo sobre lo que se vendría para las mujeres con la elección del Procurador Ordóñez. Cinco meses después, gracias, entre otros, a siete senadores del Polo Democrático, las mujeres tenemos que sufrir las consecuencias de las batallas que se libran sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres, tenemos que soportar que “sigan metiendo sus rosarios en nuestros ovarios” y que intenten oponerse a lo que hemos logrado con tanto esfuerzo y quieran obligarnos a continuar con embarazos que ponen en riesgo nuestras vidas y nuestra salud, o que son producto de un delito.
El logro efectivo más importante del feminismo en Colombia, luego del derecho al sufragio en los años 50 es, a mi modo de ver, la despenalización parcial del aborto. Haberlo logrado durante un gobierno oscurantista como el que tenemos es, tal como lo afirma la abogada feminista Ximena Castillo, una de las grandes paradojas colombianas. Hoy tenemos la certeza de que la inercia clerical que pensábamos sería paulatinamente contrarrestada por la fuerza de la Constitución del 91 está instalada y atornillada en el Ministerio Público, que la llave Ordóñez-Hoyos intentará cerrarnos el paso. Tengo la confianza de que el movimiento de mujeres, acompañado de muchos sectores solidarios que acompañaron la causa de la despenalización parcial del aborto, estarán atentos a hacer que funcionarios como la doctora Ilva Myriam Hoyos se inhiban frente a decisiones en las cuales claramente tendría conflicto de intereses.


MARÍA VICTORIA RAMÍREZ MARTÍNEZ
Pereira, mayo 4 de 2009

Cumbre de Santandercito

Los días 16, 17 y 18 de abril se celebró en Satandercito, Cundinamarca, la reunión de 35 mujeres feministas de muy diversas organizaciones para debatir sobre temas como la democracia, los feminismos, los logros efectivos del feminismo en Colombia, la ablación, entre otros temas. Jocosamente le denominamos la "Cumbre de Santandercito".

Algunas de las asistentes fueron: Florence Thomas, Marcela Sánchez, Gabriela Castellanos, Lucy Garrido, Lucrecia Ramírez, Juanita Barreto, Martha López, Patricia Buriticá, Argelia Londoño, Beatriz Quintero, Martha Guarín, María Isabel Quiñones, Gloria Tobón, Martha Tamayo, entre muchas otras mujeres.


Las memorias del evento serán publicadas próximente.

POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y DE LAS NIÑAS EMBERA CHAMÍ

Fuente: La Tarde

El pasado jueves 11 de septiembre se realizó un evento convocado entre otras organizaciones por la Corporación Contigo Mujer y la Casa de la Mujer y la Familia Stella Brand para conocer en detalle la sentencia proferida por el doctor MARINO DE JESÚS ARCILA ALZATE, quien fuera hasta hace poco juez promiscuo del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, y quien profirió la sentencia sobre la ablación practicada a 3 niñas, de 16 y 17 días de nacidas, en la Comunidad EMBERA CHAMI DEL RESGUARDO UNIFICADO BAJO RIO SAN JUAN, PUEBLO RICO RISARALDA.
La idea del evento era conocer de primera mano el contenido, motivación y alcance de la sentencia. El doctor Marino de Jesús Arcila Alzate realizó una exposición muy clara de la que fue su última sentencia como juez de ese municipio. Hay que resaltar la responsabilidad con que el juez asumió su tarea al reconocer que éste era un caso sui generis ya que estaban de por medio, por un lado bienes jurídicos como el derecho a la vida, la integridad y la salud de las niñas y mujeres Embera, y por el otro el derecho a la diversidad cultural de los pueblos indígenas, todos ellos protegidos por la Constitución Política de Colombia.
En su sentencia el juez declaró que no existía violencia intrafamiliar en los tres casos de ablación puesto que consideró no había dolo, es decir, intención de causar daño a las niñas ya que esta práctica se realiza por razones culturales. Sin embargo, basado en las convenciones internacionales, en sentencias de la Corte Constitucional, en los conceptos de expertos, en las declaraciones de las autoridades y miembros de las comunidades indígenas y en la Constitución dice que los límites al ejercicio de la jurisdicción indígena que tratan de asuntos internos son el derecho a la vida, la prohibición a la esclavitud, la prohibición de la tortura y el derecho al debido proceso. Con la práctica de la ablación se vulneran diversos derechos entre ellos el derecho a la vida y a la integridad física que son de mayor peso y en consecuencia desplazan los derechos constitucionales derivados del respeto a la DIVERSIDAD CULTURAL Y AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
Desde la óptica feminista ésta es una sentencia muy atinada porque: - protege los derechos de las niñas mutiladas porque solicita a todas las autoridades del Estado colombiano a hacer lo pertinente (adoptar políticas, expedir resoluciones, etc.) para prohibir y erradicar la práctica de la ablación y además insta a las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales a no ser tolerantes. – No tiene un enfoque punitivo puesto que la decisión no fue condenar penalmente a las mujeres responsables de la práctica ya que el juez entendió el trasfondo cultural de ese procedimiento. Porque aunque están en peligro bienes jurídico esenciales como la vida y la salud de las niñas, las autoras no actuaron culpablemente. El juez puso la discusión en el punto donde debe estar: hay que salvar la vida de las niñas Embera-Chamí que están muriendo por causa de la mutilación genital femenina esa decisión no da espera y aunque las mujeres son las que realizan la práctica la responsabilidad no exclusivamente de ellas. Hombres y mujeres están involucrados pero las que se mueren son las niñas.
El evento concluyó con la conformación del ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITÉ POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EMBERA CHAMI DEL RESGUARDO UNIFICADO BAJO RIO SAN JUAN, PUEBLO RICO RISARALDA. Cuyos principios son:
1- El comité no realizara ninguna acción en contra de la comunidad indígena.
2- Realizará acciones para sensibilizar la comunidad sobre la práctica de la ablación.
3- Ejecutará acciones de incidencia política para proponer desarrollos legislativos que prohíban la ablación y no promoverá sanción penal a las responsables de dicha práctica.
4- Promoverá un proceso pedagógico al interior de la comunidad para la erradicación de dicha práctica
5- Deberá ser un comité democrático.
6- El Comité estará regido por la Constitución y la Ley.
7- No revictimizará a las mujeres que practican la ablación.

Indudablemente se necesitan más jueces como el doctor Marino de Jesús Arcila Alzate que hoy se desempeña como juez de la infancia y adolescencia en la ciudad de Pereira. A él mi respeto y gratitud. Esperemos que este comité vele porque la sentencia se cumpla a cabalidad.


MARÍA VICTORIA RAMÍREZ MARTÍNEZ
Corporación Contigo Mujer
Pereira, 15 de septiembre de 2008

LA MUERTE DE LADY JULIETH

Al abrir las páginas del periódico el pasado lunes y encontrar la noticia de que Lady Julieth, una niña de 11 años había sido secuestrada y asesinada, sentí pánico, sentí rabia, sentí asco. Esta cultura se ensaña con los indefensos, repudia y aplasta a los más débiles, muestra su misoginia cada segundo que transcurre.

Un acto como este, infame, perverso, tiene que ponernos a pensar acerca de lo incrustada que está en la cultura la violencia contra las niñas y los niños, la más atroz, en mi opinión, en el torbellino de violencias que vive Colombia porque deja al descubierto una fuerza autodestructiva y degradante que me hace avergonzarme de la especie a la que pertenezco porque no se detiene a pensar que segar una vida es cortar un poco la posibilidad de su supervivencia.


En el caso de Lady Julieth, como en el de muchas niñas víctimas de abuso sexual, violencia intrafamiliar y otros delitos, ha fallado la sociedad en su conjunto en garantizar los derechos más básicos, el de la vida y la integridad. Y ya que se falló en ello hay que, por lo menos, garantizar que el delito no quede en la impunidad, que los responsables, capturados según afirman las autoridades, tengan el castigo que merecen: que se les dé la mayor pena que contempla la ley y que en Colombia es de 60 años. Desde aquí hago un llamado a los jueces a que sean implacables.

Desde aquí también quiero ofrecer mi solidaridad a la familia, aunque no la conozca. Siento que cuando asesinan a una mujer, y en este caso a una niña, nos asesinan a todas. Todas somos Lady Julieth. Todas podríamos ser la frágil Lady Julieth, la que podría estar caminando por las calles de la Celia rumbo a su escuela o a un parque a continuar algún juego inconcluso, a escribir alguna carta, a peinar su cabellera castaña de no ser por la voluntad de dos personas que intentaron negociarla por dinero y al no lograrlo la mataron.


Quisiera poder desenterrar el cuerpecito vejado de Lady Julieth e insuflarle la vida que le arrebataron. En cambio me siento invadida por la frustración y me aferro dolorosamente de las palabras de Martha Cecilia Vélez Saldarriaga para gritar que quisiera poder: “traer la noche a sus ojos y vaciar esa sima desde donde suben las imágenes: surco trazado por los dedos de su madre, siembra en su cuerpo, soplo sus labios en los labios suyos, manos cobijando su infancia, risa su mirada en las niñas de sus ojos, cantos en la noche y cuentos, susurros, arrullos”.





MARÍA VICTORIA RAMÍREZ MARTÍNEZ