CAMBIO DE DIRECCIÓN

La Corporación Contigo Mujer está ahora ubicada en la carrera 10 No 46 - 167, en el barrio Maraya de Pereira.
Organización no gubernamental, feminista, de la ciudad de Pereira, Colombia, con personería jurídica desde 1999, que trabaja por los derechos humanos de las mujeres.

Integrantes

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro blog. Encontrarán información sobre las actividades que desarrollamos en defensa de los derechos de las mujeres.

Junta Directiva

María Victoria Ramírez Martínez
Representante Legal

Liliana Herrera
Tesorera

Magola Vélez Granada
Secretaria



miércoles, 23 de diciembre de 2009

INVITADAS A LA MESA

El viernes 11 de diciembre, en la sala de juntas de la alcaldía de Pereira, tuve la ocasión de participar en la Mesa Municipal de Paz de la que hacen parte varias instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. En esta ocasión, la reunión se realizó por iniciativa de la Red de Mujeres de Risaralda (de la que hacen parte Asociación de Mujeres Afrorisaraldenses KAYNA, Por Ti Mujer, el grupo Femenino de Quinchía y la Corporación Contigo Mujer -organización que presido hace 4 meses-), gracias a la gestión de la doctora Delma Aurora Mosquera, mujer muy activa en la lucha por los derechos de las mujeres afrodescendientes en el departamento.
Aunque el doctor Israel Londoño no estaba en la ciudad, delegó a la doctora Ruby Alba Ladino Suaza para presidir la reunión. El propósito de la Red de Mujeres era presentar a la Mesa de Paz el contenido de la ley 1257 de 2008 o “Ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”. La presentación de la ley estuvo a cargo de la abogada Patricia Salazar quien presentó los aspectos más importantes de la misma, como son: que se haya aumentado las penas para los delitos contra las mujeres, que se haya tipificado el acoso sexual como delito, así como la violencia económica y patrimonial. De igual modo, el hecho de que cualquier persona pueda denunciar la violencia contra las mujeres (familiar, amigo, vecino) y no necesariamente la víctima y que estos delitos no sean querellables, es decir, que no se pueda desistir de la denuncia, incluso si se ha conciliado, la investigación sigue su curso porque se conoce de oficio.
Los logros más importantes de este encuentro, a mi modo de ver, fueron: lograr que los integrantes de la Mesa municipal de paz profundizaran en el contenido de la ley 1257 de 2008, discutir problemáticas como la desaparición de más de 90 mujeres en Pereira en los últimos 3 años, el fenómeno de la trata de personas, la ablación en las niñas embera chamí, así como los obstáculos que se vienen presentando el as EPS de la ciudad para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo; que la Red de Mujeres de Risaralda haya sido invitada formalmente por la doctora Ruby Alba Ladino a hacer parte de la Mesa Municipal de Paz y que la Alcaldía de Pereira haya puesto a disposición de la Mesa de Paz la emisora Pereira al Aire para difundir los temas que le interesan a este espacio de discusión y decisión.
La Red de Mujeres de Risaralda ha venido, desde hace varios años, tratando de incidir en los espacios de decisión para que la problemática de las mujeres sea tenida en cuenta. Mejorar la participación de las mujeres en la política, mejorar sus condiciones económicas y sociales, disminuir los índices de violencia y todas las formas de discriminación contra ellas hacen parte de los objetivos del milenio. Es por eso que considero que voces femeninas y autorizadas en los temas de género serán un avance en alcanzar esos propósitos que son los de toda la comunidad internacional. La Red sabrá nutrir las discusiones acerca de la paz en la ciudad con una mirada de género.

MARÍA VICTORIA RAMÍREZ MARTÍNEZ
Pereira, diciembre 16 de 2009

martes, 15 de diciembre de 2009

MARA VIVEROS VIGOYA Y GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HETEROSEXUALIDADES, CONTRACEPCIÓN Y ABORTO, HEXCA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS U. NACIONAL DE COLOMBIA

En Colombia, el tema del aborto no deja de suscitar intensas controversias, incluso hoy, más de tres años después de emitida la sentencia que lo despenalizó en tres casos especiales, con base en una argumentación centrada en la defensa del derecho a la vida de las mujeres, la igualdad y la libertad reproductiva.
Continúan surgiendo en el país acciones de flagrante oposición a la aplicación de la norma vigente para la ejecución de abortos seguros. El pasado mes de septiembre, la Alcaldía Mayor de Medellín frenó el proyecto de la Clínica de la Mujer que hacía parte de la campaña que llevó al gobernante a ocupar su cargo. Un mes más tarde, el Consejo de Estado ordenó la suspensión temporal del Decreto 4444 de 2006, que reglamentaba la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), argumentando que éste era competencia del Congreso y no del Gobierno.Por último, y como parte del fallo de una acción de tutela a favor de una mujer a quien se le negó el derecho de abortar, pese a cumplir con los requisitos legales, la Corte Constitucional emitió una sentencia que ordenaba al Gobierno el diseño de un plan de promoción de los derechos sexuales y reproductivos que debería ser enseñado en las instituciones educativas del país y que suscitó, de manera inmediata, reacciones adversas de parte de las autoridades eclesiásticas por considerarlo una ‘cátedra abortista’.El aspecto más paradójico y expresivo de la actual coyuntura es que algunas de las decisiones y medidas tomadas para obstaculizar la realización legal del aborto son protagonizadas por autoridades del Gobierno y efectuadas desde el ámbito institucional y el propio Estado. Este contexto amerita un análisis crítico, ya que en lugar de asistir al debate y a la consulta ciudadana en torno al cumplimiento y a la reglamentación de la sentencia C–335 de la Corte Constitucional, hemos presenciado medidas inconsultas de los sectores más conservadores del país que pretenden obstaculizar su cumplimiento en un momento de cuestionamiento del papel de las Cortes, de la autonomía del Gobierno e incluso de la vigencia de la Constitución.La injerencia de la Iglesia católicaLa desigual participación de los sectores sociales en el debate es aún más notoria porque funcionarios como el actual Procurador General de la Nación y la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia han utilizado las prerrogativas de sus cargos para presentar un punto de vista particular como la visión nacional y oficial sobre el asunto. Por otra parte, porque a pesar del supuesto carácter laico del Estado colombiano, la influencia que sigue ejerciendo la Iglesia católica en los asuntos ciudadanos es incontestable, tal como se manifestó en la suspensión del proyecto Clínica de la Mujer en Medellín.Según noticias de prensa1, el Alcalde Alonso Salazar, cediendo a las protestas organizadas por la jerarquía eclesiástica y los grupos Pro-Vida en contra de este proyecto, envió una carta al Arzobispo de Medellín informándole que se comprometería a que en la Clínica de la Mujer no se realizarían abortos legales ni ilegales. En este caso intervino también la Procuraduría General de la Nación, a través de la Resolución 284 del 8 de septiembre de 2009, mediante la cual creó un grupo de control sobre las dependencias responsables de dicha clínica en la Alcaldía de Medellín. Así, respondió a las inconformidades, supuestamente manifestadas por un “sector de la ciudadanía de Medellín” y por considerar que el propósito de este proyecto era “articular y difundir la ideología feminista en contra de la vida y la familia”.Como se demostró posteriormente, se trataba básicamente de la misma coalición contra el aborto que presidía la procuradora delegada Ilva María Hoyos, antes de ser nombrada. A la luz de sus convicciones ideológicas, no deja de ser paradójico su nombramiento en este cargo, sabiendo que una de las funciones que le correspondería cumplir sería la de hacer valer y vigilar el cumplimiento de la sentencia C–355 de la Corte Constitucional. Debate más allá de lo moralSi bien el ejemplo de la Clínica de la Mujer ha funcionado como un detonante de la discusión, no es el único caso que podría citarse. Sin embargo, sí es bastante esclarecedor de las lógicas la participación ciudadana en nuestro país, en el cual las instancias “políticas oficiales” encargadas de proteger los derechos humanos se han pronunciado en contra de sectores de la sociedad civil implicados en la defensa de tales derechos.Estos mismos funcionarios han tomado posiciones a favor de grupos y sectores retardatarios como las organizaciones autodenominadas Pro–Vida y otras organizaciones religiosas que han puesto a circular documentos en que presentan las demandas de las mujeres por sus derechos sexuales y reproductivos como el producto de una “peligrosa ideología de género” que “vaticina una seria pérdida de sentido común en el ser humano” y encubre “una inaceptable agenda que incluye la tolerancia de orientaciones e identidades homosexuales, entre otras cosas”.Este ataque tan virulento al feminismo y a las luchas por una ciudadanía sexual no hace sino contrariar las directrices del gobierno central, cuya obligación es hacer cumplir el mandato constitucional de luchar contra cualquier tipo de discriminación y propiciar la equidad de género.Si bien los avances colombianos en jurisprudencia son muy importantes y ubican al país en la vanguardia latinoamericana en materia de derechos sexuales y reproductivos, una parte de la sociedad colombiana y de sus gobernantes no ha acompañando dichos cambios. La defensa y la ampliación del marco despenalizador del aborto requieren un debate real y democrático sobre el mismo y el rechazo a su discusión en el terreno de la moral. Es bien sabido que hasta ahora no se han podido resolver de forma totalmente satisfactoria los dilemas asociados al enfrentamiento de dos valores primordiales: la libertad (de las mujeres de decidir si desean llevar a término o no un embarazo) y la vida (del feto, pero también la vida social de las mujeres en toda su diversidad), en particular porque en las situaciones concretas la necesidad o posibilidad de sacrificar uno de estos valores no es necesariamente clara.Así, es fundamental reconocer el aborto como una práctica social frecuente y constante, cuyo impedimento profundiza las desigualdades sociales existentes entre las mujeres que pueden o no obtener un aborto voluntario en condiciones seguras. El debate sobre su moralidad e inmoralidad debe reservarse a las conciencias individuales. Mucho se ganará si adoptamos y ejercemos una actitud de defensa activa de un marco jurídico suficientemente flexible para que cada uno de nosotros sienta resguardados sus derechos sin ninguna imposición sobre su propio cuerpo.

lunes, 14 de diciembre de 2009

Mujeres migrantes: mujeres con derechos

Pereira, Taller del 21 de diciembre de 2009 sobre políticas públicas y formulación de proyectos.

Ayer, diciembre 11 de 2009, la Corporación Humanas de Bogotá y la Corporación Contigo Mujer de Pereira clausuraron la primera fase del proyecto “Abriendo mundos en Pereira: Mujeres migrantes, mujeres con derechos”, que tiene como objetivo adelantar un proceso de capacitación en TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación), liderazgo y derechos de las migrantes. En este proceso se capacitaron 20 mujeres cuyo perfil era de migrantes retornadas, familiares de migrantes, principalmente en España, o mujeres con expectativa de migrar.
El proyecto hace parte de uno mayor que involucra a Ecuador, Perú y Bolivia y que en Colombia se está realizando en otras dos ciudades: Cali y Bogotá.
A lo largo del proceso que empezó en el mes de agosto, la Corporación Contigo Mujer coejecutora del proyecto y encargada de la convocatoria, logró conformar un grupo de mujeres muy heterogéneo desde el punto de vista racial (mujeres afrodescendientes, mujeres embera-chamí y mestizas), desde el punto de vista generacional (el rango de edad fue entre 15 y 64 años) y de tres municipios del departamento (Marsella, Pereira y Dosquebradas) para hablar de sus derechos como mujeres y como migrantes, y para fortalecer sus capacidades técnicas en el manejo básico de herramientas informáticas.
Pereira es una ciudad con un alto índice de migración hacia la Unión Europea y principalmente a España. Sin embargo, la crisis económica mundial ha implicado una baja en las remesas en todo el departamento y, adicionalmente, está provocando el retorno de muchas personas que vienen a engrosar las filas de desempleados. Proyectos como este están dirigidos a fortalecer la capacidad organizativa de las mujeres migrantes y sus familiares para poder incidir en la puesta en marcha de políticas públicas que mejoren sus condiciones y que les de la bienvenida al país y a la región que por muchos años sostuvieron con su esfuerzo y a costa del sacrificio que implican el dejar a sus seres queridos, cumplir labores de cuidado que nunca habrían desempeñado en Colombia, ayudando a construir otros países que hoy quieren expulsarlos.
Ante semejante problemática, el único esfuerzo, desde las entidades del Estado, ha sido la creación de la Oficina del Retornado de la Gobernación de Risaralda, que va a cumplir un año y está a punto de desaparecer por falta de recursos. Desde esta columna, hago un llamado al señor gobernador Víctor Manuel Tamayo para que por el contrario fortalezca esa oficina e invite al señor Alcalde de Pereira para que emule esa iniciativa y concentre sus esfuerzos en términos migratorios hacia aquellos que están retornando.

MARÍA VICTORIA RAMÍREZ MARTÍNEZ
Corporación Contigo Mujer
Pereira, 12 de diciembre de 2009

miércoles, 9 de diciembre de 2009

10 de diciembre Día Universal de los Derechos Humanos

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA


¿Sabía usted que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, hace uso de su cargo para desarrollar acciones que vulneran los derechos sexuales y los derechos reproductivos de mujeres y parejas de un mismo sexo?

En el día de universal de los Derechos Humanos, las organizaciones y personas abajo firmantes, expresamos nuestra preocupación por las actuaciones que el actual Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez ha desarrollado para restringir los derechos humanos y en particular los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

Ø En manifestaciones públicas y audiencias ante el Congreso de la República, Alejandro Ordóñez expresó que “si fuera legislador votaría en contra de proyectos como el aborto, la eutanasia y los derechos patrimoniales de los homosexuales” y que “si fuera magistrado de la Corte Constitucional, las declararía inexequibles”, estas manifestaciones son una clara muestra de que su actuación como funcionario público no es imparcial ni objetiva.

Ø El Procurador General nombró como Procuradora Delegada para la defensa de los derechos de Infancia, Adolescencia y Familia, a una funcionaria que niega y restringe un enfoque democrático de la sexualidad y la reproducción y quien además lideró la oposición a la demanda presentada para la despenalización del aborto.

El Procurador Alejandro Ordóñez, en el ejercicio del cargo, viola su obligación de respetar el Estado laico colombiano al interponer sus creencias religiosas frente al cumplimiento de sus funciones constitucionales de vigilancia y control para la garantía de los derechos humanos, expresando además su clara oposición en la realización y garantía de los derechos sexuales y reproductivos a favor de las mujeres, jóvenes, personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas.

Ø El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, se ha opuesto en intervenciones judiciales a que parejas del mismo sexo puedan adoptar.

Ø El Procurador General Alejandro Ordóñez, emitió de la Circular 030 del 13 de mayo de 2009, contraria a la Sentencia C-355/06 porque desconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo al abrir la posibilidad para que funcionarios públicos puedan objetar conciencia de manera extralimitada.
Ø
Ø El Procurador General no renovó el convenio de cooperación institucional que tenía desde hace un año con Women´s Link Worldwide, para que apoyara a la Procuraduría en la implementación de la sentencia C-355 de 2006.

La Procuraduría General de la Nación es el órgano máximo del Ministerio Público y como tal, está llamado a observar y verificar la actuación de los poderes públicos, a defender la Constitución, a proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, sin embargo…

Ø El Procurador, Alejandro Ordóñez, interpuso un incidente de nulidad contra el fallo de la Corte Constitucional que ordenó al Ministerio de la Protección Social, al Ministerio de Educación, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría el diseño y puesta en macha de Campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la difusión de la sentencia C-355 de 2006 y posteriores en esta materia. En contra del mandato Constitucional, el Procurador alegó que no podría promoverse una práctica no catalogada como derecho.

Ø El Procurador Alejandro Ordóñez, emitió la resolución 284 en la que se integra un grupo especial de trabajo para ejercer control preventivo en el municipio de Medellín y a las dependencias responsables del desarrollo del proyecto de la Clínica de la Mujer en esta ciudad, justificándola en “las inconformidades manifestadas por un sector de la ciudadanía de Medellín y algunos medios de comunicación”

La democracia solo puede existir en la medida en que ésta sea efectiva en todos los ámbitos sociales; las injerencias arbitrarias y la interferencia deliberada con el cumplimiento de las normas constitucionales por parte de los funcionarios públicos, tendientes a limitar el goce efectivo de los derechos de las mujeres en materia de derechos sexuales y reproductivos y de reconocer la igualdad de derechos a las parejas del mismo sexo; es no solo un grave retroceso para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos del Estado colombiano, sino un grave retroceso para la democracia de un país en el que las mujeres exigen que las sociedades respeten sus decisiones y el Estado las garantice.

Por lo expuesto,

1. Rechazamos y denunciamos los pronunciamientos hechos por el Procurador General de la Nación tendientes a limitar el goce efectivo de los derechos de las mujeres reconocidos por la Corte Constitucional y aquellos que buscan impedir el reconocimiento de la igualdad de derechos a parejas del mismo sexo.

2. Exigimos

Ø Al Procurador Alejandro Ordoñez que se declare impedido para pronunciarse y realizar cualquier actuación propia de su cargo que tenga que ver con los derechos sexuales y los derechos reproductivos

Ø A todas las entidades competentes que garanticen a todas las mujeres la realización de los procedimientos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo como lo ordena la Corte Constitucional.

Ø Al Procurador Alejandro Ordóñez que remueva de su cargo a la Procuradora Delegada para la defensa de los derechos de Infancia, Adolescencia y Familia, Ilva Miryam Hoyos.

Ø Al Congreso de la República el control político sobre el Procurador Alejandro Ordóñez y sus actuaciones en materia de derechos humanos.

3. Instamos al Estado colombiano, para que proteja y garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los derechos de las parejas del mismo sexo y el derecho a la libre opción por la maternidad.

4. Convocamos a las mujeres, a las personas LGBT y a la sociedad civil a que denuncien las violaciones de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, en particular la interrupción voluntaria del embarazo. También a la comunidad internacional para que acompañe a la sociedad civil en las acciones en defensa de los derechos sexuales y reproductivos.


¡PERSONAS LIBRES, ESTADOS LAICOS, NI DE LA IGLESIA, NI DEL ESTADO MI CUERPO ES MIO Y YO DECIDO!
Información. Procuraduriaconfesional10@gmail.com

JURAMENTO DE LAS MUJERES EMBERA CHAMÍ

JURAMENTO DE LAS MUJERES EMBERA CHAMÍ
Finalizado el encuentro, las mujeres juran acatar las conclusiones

La mujer en el movimiento indígena

La mujer en el movimiento indígena
Solany Zapata, Consejera del CRIR, área de la mujer

DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO DESDE 2006

DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO DESDE 2006
La Alcaldía de Pereira apoya la difusión de la sentencia C-355. Campaña de la Alianza por los Derechos de las Mujeres. Apoya la Mesa por la Vida y las Salud de las Mujeres

Campaña de seguimiento a sentencia de despenalización del aborto

Campaña de seguimiento a sentencia de despenalización del aborto
Postal diseñada por Yorlady Ruiz

Taller inspectores y Corregidores

Taller inspectores y Corregidores
Realizado el 26 de junio de 2009 en la Defensoría del Pueblo, dirigido por la Alianza

Taller de Inspectores y Corregidores

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La fundación Apóyame explica el decreto 444 del Ministerio de la Protección Social