- Corporación Contigo Mujer
- Organización no gubernamental, feminista, de la ciudad de Pereira, Colombia, con personería jurídica desde 1999, que trabaja por los derechos humanos de las mujeres.
Integrantes
Junta Directiva
María Victoria Ramírez Martínez
Representante Legal
Liliana Herrera
Tesorera
Magola Vélez Granada
Secretaria
jueves, 20 de octubre de 2011
Intervención audiencia pública PAL 06/11 Senado “por medio del cual se adiciona el artículo 11 de la constitución política, sobre el derecho fundament
Senadora Gloria Inés Ramírez, señoras y señores congresistas, compañeras de panel, señoras y señores asistentes.
Recientemente la Guttmacher Institute dio a conocer una investigación según la cual en Colombia ocurren cerca de 400.000 abortos inducidos al año, de los cuales en promedio sólo 332 son procedimientos legales, o Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) practicadas en instituciones de salud.
Dirían algunos que estas cifras ponen en evidencia que son pocas las mujeres que al encontrarse bajo alguna de las causales de aborto despenalizadas por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 355 de 2006, deciden voluntariamente interrumpir su embarazo. Sin embargo, esta información lejos de ejemplificar dicha situación, lo que evidencia es que quienes deciden abortar legalmente se ven enfrentadas a un sin número de obstáculos y barreras que hacen que para muchas de ellas sea más fácil, menos costoso y más confidencial acudir a servicios médicos clandestinos
Entre mayo de 2006 y diciembre de 2010, el servicio jurídico de La Mesa asesoró a 222 mujeres que al encontrarse dentro de las causales despenalizadas decidieron interrumpir voluntariamente su embarazo, pero al solicitar los servicios de salud requeridos se encontraron con obstáculos o negaciones injustificadas en la prestación de los mismos, que llegaron incluso a poner en grave riesgo sus vidas y su dignidad.
Cuando una mujer decide terminar su embarazo porque su continuación pone en peligro su vida o su salud, algunos proveedores de salud se abstienen de brindar la información requerida, induciendo al error bien sea porque no se describen correctamente los riesgos de interrumpir el embarazo o porque no se da la información en su totalidad, incidiendo irregularmente en la decisión de las mujeres.
Hemos documentado casos en los cuales se obliga a las mujeres a tomar decisiones sobre su salud reproductiva en contra de su voluntad, siendo víctimas de irrespeto e interferencias arbitrarias sobre las opciones que éstas han tomado. De esta forma, algunos médicos deciden el tipo de interrupción, basados en su propia apreciación sobre la gravedad del riesgo o en la imposición arbitraria del “dolor- castigo” que las mujeres están obligadas a soportar.
Hay que decir que casi siempre se somete a las mujeres a largas esperas, pues la autorización de los procedimientos se condiciona a exámenes y certificaciones adicionales, juntas de especialistas y comités de ética médica, claramente en contravía de los señalamientos de la Corte en donde se ha señalado que no se pueden aumentar o complejizar los requisitos establecidos por la Sentencia c-355 de 2006.
Frente a las interrupciones solicitadas en los embarazos en donde las malformaciones del feto hacen incompatible su propia vida, las mujeres se enfrentan a varios obstáculos entre los que sobresale que debido a que los planes de beneficios no contemplan los exámenes requeridos para tener diagnósticos tempranos de graves malformaciones fetales, las solicitudes y las respuestas se dan de maneras tardía y se traducen en embarazos avanzados y una mayor dificultad en la autorización y realización del procedimiento de interrupción del embarazo.
En muchos casos el personal médico se niega a certificar las malformaciones, pese a tratarse de problemas que con certeza evidencian la inviabilidad del feto, y la duda con respecto a la viabilidad fetal a causa de la malformación se resuelve en contra de los derechos de las mujeres, pues las obligan a esperar a que nazca el producto con un pronóstico reservado sobre sus posibilidades de vida sometiéndolas a tratos crueles y degradantes.
Como si este escenario no fuera lo suficientemente desalentador, aquellas mujeres que solicitan la interrupción de su embarazo amparadas en la causal violencia sexual, además de encontrarse con las trabas médicas ya descritas, se enfrentan a las graves fallas en el acceso a la justicia. Recordemos que para solicitar los servicios de salud se requiere la respectiva denuncia, y que muchas mujeres temen denunciar los hechos de violencia por las múltiples barreras que encuentran y la baja efectividad de la justicia para judicializar y castigar a los victimarios. El miedo, la falta de confianza en las autoridades judiciales, y la falta de información sobre los derechos que tienen las víctimas de delitos sexuales hacen que las mujeres decidan denunciar tiempo después de los hechos de violencia, nuevamente en estados avanzados de embarazo.
Resulta paradójico que la atención en salud sea un servicio prioritario para quienes han sido víctimas de un delito sexual, no solo en relación con la investigación del crimen sino como parte de la atención integral y del resarcimiento de los derechos, y sin embargo, los protocolos diseñados para tal fin funcionan de manera irregular, no hay información ni suministro oportuno de la Anticoncepción Oral de Emergencia, ni tampoco información adecuada sobre los derechos reproductivos y la opción de interrumpir voluntariamente un embarazo resultado de un delito sexual. Además es recurrente que se impongan requisitos adicionales como autorizaciones u órdenes judiciales y que los proveedores de servicios de salud actúen por fuera de sus competencias realizando juicios de valor sobre los hechos violencia sexual a los que ha sido sometida una mujer
Aquí si Ustedes me lo permiten, haré referencia a la objeción de conciencia médica que coincidencialmente también está siendo discutida en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en donde el 20 de julio se radicó un proyecto de ley estatutaria para reglamentarla de manera restrictiva para las mujeres.
En Colombia, la objeción de conciencia médica en casos de aborto se encuentra reconocida y claramente delimitada por la Corte Constitucional, que ha señalado que el derecho de profesionales de la salud a profesar las creencias de su elección puede protegerse mediante este mecanismo pero que este no puede ser utilizado para obstruir los derechos de las mujeres que optan por un aborto.
Sistemáticamente la objeción de conciencia está siendo mal empleada, pues se ha convertido en un ABUSO DE CONCIENCIA y en un instrumento para obstaculizar el ejercicio de derechos de las mujeres, ya que se realiza sin el cumplimiento de los requisitos legales, es decir, negándose a brindar información, intentando persuadir a la mujer, cometiendo actos de maltrato y discriminación y vulnerando la confidencialidad y el secreto profesional. Algunas instituciones de salud han hecho que sus profesionales firmen pactos colectivos o se han rehusado a proveer los servicios de aborto.
Siendo las prestaciones de servicios de salud un servicio público que tiene relación directa con derechos fundamentales, es obligación de los proveedores tener especial observancia con las normas que los rigen, no solo absteniéndose de incumplirlas sino promoviendo su especial cumplimiento.
Como se puede ver actualmente la autonomía, la vida y la salud de las mujeres se encuentran gravemente comprometidas en lo que a la interrupción voluntaria del embarazo respecta. Nos preocupa profundamente que aún con la reglamentación vigente las mujeres y las niñas se tengan que someter a estos tratos crueles e inhumanos con el fin de proteger su vida y su salud. ¿Qué pasaría con ellas, con Ustedes, con nosotras, conmigo, con Usted si la propuesta populista del Partido Conservador se convierte en una ley de la República?
Sin duda las implicaciones de la aprobación de una reglamentación restrictiva van más allá de las discusiones morales y religiosas, ya que impactan profundamente la vida de aquellas que tienen la mala suerte de tener que someter la decisión de salvar su vida a quienes no quieren protegerla.
Muchas gracias por su atención.
Fuente: http://congresovisible.org/agora/post/intervencion-audiencia-publica-pal-0611-senado-por-medio-del-cual-se-adiciona-el-articulo-11-de-la-constitucion-politica-sobre-el-derecho-fundamental-a-la-vida-humana-beatriz-quintero/2558/
jueves, 18 de agosto de 2011
Campaña por Dora Consuelo
El 17 de junio en horas de la mañana con el acompañamiento de dos integrantes de la Corporación, consuelo empieza el proceso de denuncia ante la Fiscalía de La Virginia por Violencia Intrafamiliar contra su expareja. Ella es remitida ante Medicina Legal para Informe Técnico de Lesiones no Fatales. El perito forense, Dr. José Federico Gartner Vargas le da una incapacidad médico legal de cinco (5) días, lo que da cuenta de la gravedad de sus lesiones. Además de las lesiones en ese momento, ella muestraba cicatrices de lesiones realizadas con un machete hacía seis meses. Las agresiones, entonces, han sido sistemáticas.
El Asistente de Fiscal II, jefe de sala de denuncias, hace la solicitud de medida de protección al comandante de la Policía Metropolitana de Pereira para garantizar la seguridad personal y familiar de la víctima. Cabe aclarar que aunque los hechos se presentan en La Virginia, dado que Consuelo se traslada al Barrio Nuevo Caimalito Casa 14 A, donde su hermano, el sitio donde ella reside y el refugio solo están separados por el puente sobre el río Cauca, que separa los municipios de La Virginia y Pereira, y el agresor conoce el sitio. Hasta allí se desplazó a amenazarla. La policía acató la solicitud de la Fiscalía, ha estado atenta a los llamados de Consuelo.
Sin embargo un agente, en presencia del agresor, le dijo que debían arreglar el asunto lo antes posible porque la policía debía atender muchos otros asuntos. El día domingo 19 de junio, ella fue a retirar sus cosas y encontró al hombre dentro de su casa con otra mujer, durmiendo en la cama de sus hijas, ante este hecho se desató otro episodio de violencia, pero que la policía pudo contener.
Cabe resaltar que Consuelo había denunciado al agresor hace 8 meses pero ante la conciliación, propuesta por la Fiscalía, Consuelo desistió de la demanda. El hombre regresó, se quedó a la fuerza en su casa, la obligaba a tener relaciones sexuales, la sometía a agresiones físicas, verbales y a maltrato psicológico, lo que ha provocado una lesión difícil de sanar en su autoestima. Repetidas veces la hizo sentir, en palabras que ella misma expresa: “me hacía sentir como basura, que yo no valía nada y yo no hacía nada porque me daba mucho miedo que me matará o mis niñas”.
Por lo anterior, y porque Consuelo presentaba un cuadro clínico de crisis depresiva con ideaciones suicidas, Fabiana Betancourt, psicóloga y Directora Ejecutiva de la Corporación Contigo Mujer le ofreció refugiarse temporalmente en la finca de su propiedad ubicada en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, con sus cuatro hijas de 6, 10, 12 y 16 años de edad. Ella de manera personal y por solidaridad asumió los gastos durante un mes hasta hace algunas semanas cuando las niñas de Dora Consuelo debían iniciar sus estudios y Dora Consuelo tomó la decisión de regresar a La Virginia y de nuevo Fabiana la apoyó con el arriendo de dos meses. Dora Consuelo venía mejorando su estado de ánimo y de sus lesiones físicas gracias a su estadía en un lugar tranquilo y seguro.
Lamentablemente esta semana fue brutalmente golpeada de nuevo por el agresor, le fracturó un brazo y tiene contusiones en cabeza, torax, piernas, fue bestial la arremetida. El día martes, Fabiana Betancourt la acompañó de nuevo a la Fiscalía, el proceso va en marcha, pero le dicen que aguante mas o menos 15 días hasta que el caso vaya a donde el Juez. La policía ha actuado diligentemente pero en el último ataque ella no contaba con un celular para poder llamar a la policía y, mientras su hija llego hasta la estación a pedir ayuda, el hombre casi la mata.
En este momento Dora Consuelo está incapacitada y sin posibilidad de buscar el sustento para ella y sus cuatro hijas, pues ella trabaja en labores domésticas y elabora algunas artesanías, pero por la fractura, no puede hacerlo.
Acudo a la solidaridad de todas para apoyar a esta mujer que ha tenido la valentía de denunciar al agresor y quiere ir hasta las últimas consecuencias, pero por nuestros pocos recursos y su propia situación económica no pudimos garantizar que estuviera más tiempo fuera, además ella no quería entorpecer los estudios de sus hijas y dejar su espacio mientras el agresor sigue por allí suelto.
En este momento lo urgente es poder garantizarle la alimentación a ella y a sus cuatro hijas, mientras se recupera y que tenga acceso a un teléfono celular permanentemente para pedir ayuda. Adicionalmente, para garantizar el acompañamiento jurídico y psicológico que se requiere para llevar la denuncia hasta las últimas consecuencias.
Si alguien quiere apoyar el caso de Dora Consuelo, les solicitamos consignar su ayuda en la Cuenta de ahorros de la Corporación Contigo Mujer de Colmena BCSC No 26506952238 y en la consignación especificar caso Dora Consuelo Herrera. Si el apoyo es en alimentos o de otra índole, pueden comunicarse a este correo corporacioncontigomujer@gmail.com o al celular 314 6798409, de Liliana Herrera Naranjo, Tesorera de la Corporación.
LES PEDIMOS AYUDARNOS A DIFUNDIR ESTA CAMPAÑA.
viernes, 22 de julio de 2011
Programa sobre ablación en Teleantioquia
http://www.vimeo.com/26376943
Cooperativa Coomigrar es un hecho
lunes, 4 de julio de 2011
Participación de La Red Nacional de Mujeres en la articulación feminista de Mercosur.
El pasado mes de junio la Red Nacional de Mujeres estuvo presente en la en la ciudad de Córdoba, Argentina con el fin de participar y discutir sobre temas como el colonialismo, interculturalidad y multiculturalidad. El país estuvo representado por la Secretaria Técnica de la Red Nacional de Mujeres, la Dra. Beatriz Quintero y la Coordinadora de la red del Centro Occidente y a su vez la Representante de la Corporación Contigo Mujer la Dra. María Victoria Ramírez Martínez, asimismo estuvo la Dra. Ana Cristina González quien vive entre Colombia y Uruguay; y hace parte de la articulación feminista de Mercosur.
En el encuentro asistieron mujeres de algunos países como Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia y Argentina. En este espacio se articularon experiencias de cómo los movimientos feministas dialogan, interpelan y se relacionan con las mujeres indígenas en estos países.
Una de las conclusiones del encuentro fue “entender que los ritmos, las formas de ver el mundo, las cosmovisiones de las comunidades indígenas son distintas a las nuestras y no significa que sean mejores o peores, pero que hay que tenerlas en cuenta a la hora de construir un movimiento que realmente pretenda el avance de los derechos de las mujeres”, indica la Coordinadora de la red del Centro Occidente la Dra. María Victoria Ramírez Martínez
Acciones para Colombia.
Uno de los objetivos propuestos en el encuentro es implementar una metodología llamada Diálogos interculturales, los cuales consisten en una serie de reuniones que se van ha organizar en cada uno de los países participantes para generar articulación entre mujeres feministas y mujeres indígenas.
En Colombia se realizarán los encuentros con mujeres de 4 comunidades: Las indígenas del Cauca, Embera Chamí de Risaralda y Antioquia, mujeres de La Sierra Nevada de Santa Martha y con mujeres indígenas de Cundinamarca.
La intervención consistirá en unos primeros acercamientos con las comunidades generando diálogos de manera separada y luego se concluye con la escogencia de las representantes de esas regiones, a un encuentro mayor entre mujeres feministas y mujeres indígenas.
“No se tiene establecida una agenda, la idea es llegar a las comunidades en espacios de conversación y reconocernos dentro de la diferencia y mirar que posibilidades existe en trabajar de manera en común por el avance de los derechos de las mujeres, algunas de esas mujeres si ellas deciden, pueden participar del encuentro feminista de América Latina y el Caribe que se va a realizar en el mes de noviembre en Bogotá”, señala María Victoria.