ALGUNOS RETOS PARA LA NUEVA FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

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Algunos de los retos para la nueva Fiscal General de la Nación

El 12 de enero de 2011, Vivian Morales Hoyos se posesionó como la nueva Fiscal General de la Nación. La Corporación Humanas destaca que por primera vez la Corte Suprema de Justicia haya elegido a una mujer para dirigir una de las instituciones más importantes de la rama judicial. Este nombramiento da eficacia a la ley 581 de 2000, por medio de la cual se dispone que por lo menos el 30% de los cargos públicos deben ser ejercidos por mujeres, y permite que la inclusión de una mujer en las ternas deje de ser el simple cumplimiento de un requisito legal y se convierta en una posibilidad real de acceso de las mujeres a los cargos de máximo nivel decisorio. De acuerdo con la Constitución Política de 1991, entre las funciones más importantes que tendrá a su cargo la actual Fiscal General de la Nación se encuentran: la dirección de las acciones de persecución penal del Estado; la adopción de las medidas necesarias para el restablecimiento de los derechos de las víctimas; la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso; y la incidencia en el diseño de la política criminal del Estado. Durante los próximos cuatro años la Fiscal General de la Nación deberá asumir varios retos relacionados con la superación de la impunidad en que se encuentran gran parte de las violaciones a los derechos humanos que se registran permanentemente en Colombia. Quizá uno de los desafíos más importantes consiste en garantizar la judicialización de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y el respeto de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral en el marco de aplicación de la Ley 975 de 2005. En este contexto una de las preocupaciones reside en la invisibilidad de los crímenes de violencia sexual lo que ha llevado a la ausencia de investigación y juzgamiento de estos delitos en el procedimiento de “justicia y paz”. Tal y como lo ha informado públicamente la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, a 1º de diciembre de 2010, de las 323.765 conductas documentadas sólo el 0,2% corresponden con hechos de violencia sexual mientras que de los 67.402 hechos confesados solo el 0,06% corresponde con estos tipos penales[1][1]. Esta situación empeora si se tienen en cuenta los graves obstáculos derivados de la extradición de la mayoría de los jefes paramilitares a Estados Unidos quienes responden ante la justicia norteamericana por cargos de narcotráfico, lo que ha dificultado que las autoridades nacionales logren el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos y ha impedido la exigencia de los derecho de las víctimas. A propósito de esta situación el Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado de Colombia “asegurar que las extradiciones no obstaculicen los esfuerzos necesarios para investigar, enjuiciar y castigar las graves violaciones de los derechos humanos [y] tomar medidas para que las personas extraditadas no evadan su responsabilidad respecto a las investigaciones en Colombia sobre graves violaciones de los derechos humanos”[2][2]. En relación con la investigación de la violencia contra las mujeres la Fiscalía General de la Nación destaca, en su último informe de rendición de cuentas, la adopción de la Resolución No. 3788 de 2009 por medio de la cual se conforma un grupo de trabajo interinstitucional encargado de formular estrategias investigativas y asistenciales destinadas a las víctimas de delitos de violencia de género[3][3]. De acuerdo con esta resolución el Comité estará presidido por la Fiscal General de la Nación y tiene entre sus funciones: coordinar las acciones tendientes a incorporar la perspectiva de género al interior de la Fiscalía General de la Nación; propiciar las acciones conducentes a fortalecer procesos de investigación desde la perspectiva de género; y formular propuestas específicas en el abordaje de investigaciones por violencia de género y la atención de las víctimas de este tipo de delitos[4][4]. De acuerdo con la Relatora sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, este tipo de espacios de trabajo estarían “en consonancia con las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, y las que figuran en la Plataforma de Acción de Beijing en el sentido de que se deberían establecer mecanismos especiales para garantizar la plena integración de las cuestiones relacionadas con el género en las instituciones de derechos humanos”[5][5]. Con ello también se acoge lo dispuesto en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Corporación Humanas destaca el hecho de que una mujer tenga a su cargo la coordinación de una de las instituciones públicas más relevante en la administración de justicia y espera que bajo su mandato la Fiscalía General de la Nación logre superar el estado de impunidad en que se encuentran los delitos constitutivos de violencia contra la mujer, y en particular los hechos de violencia sexual registrados en el marco del conflicto armado. Para ello resulta indispensable la adopción de todas las medidas que garanticen la investigación y judicialización de estos crímenes en las que se incluyen mecanismos internos de coordinación que logren incorporar la perspectiva de género en la política institucional.

Bogotá, febrero 3 de 2011.

Más información:Adriana Benjumea

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