Fuente: La Tarde
El 10 de mayo de 2006, fecha en la Corte Constitucional profirió la sentencia C-355 en la que se despenalizaba el aborto parcialmente en Colombia, yo estaba a un mes de haber dado a luz, y la sutura producto del parto por cesárea se resintió cuando al saber de la decisión salté de alegría. Tomé el teléfono para llamar a Mónica Roa y decirle que gracias a ella y a todas las mujeres que la habían precedido y las que la habían acompañado en su lucha, hoy las mujeres de Colombia éramos un poco más libres, que sentía que mi hijo habitaría un país ligeramente mejor.
La batalla por hacer de ese derecho obtenido, hace casi tres años, una realidad ha sido ardua. Los obstáculos han sido múltiples. Hemos visto cómo muchos médicos, fiscales, entidades de salud, inspectores de policía y hasta jueces se han atravesado para que las mujeres no pudieran acceder a la libre interrupción del embarazo en los casos que la ley lo permite. En estos tres años han nacido niños y niñas producto de violaciones que las mujeres víctimas no querían. Hemos tenido que soportar que las autoridades y los médicos, pese a que la sentencia es clarísima sobre los requisitos, inventaran nuevos requisitos para obstaculizar, dilatar y revictimizar a las mujeres.
Pero lo que produce más consternación es que sea la Procuraduría General de la Nación la institución que lidere iniciativas que contravienen su obligación de proteger el derecho que tenemos las mujeres a interrumpir el embarazo en los casos contemplados en la sentencia de la Corte. Así lo demuestra la reciente decisión de la doctora Ilva Myriam Hoyos de no prorrogar el contrato que la Procuraduría tenía con la organización Women’s Link Worldwide para capacitar a funcionarios de esa institución en temas relacionados con la sentencia C-355. Yo pregunto: ¿Quiénes seguirán capacitando a los funcionarios de la Procuraduría?, máxime cuando esa capacitación no le costaba ni un peso a esa institución y ahora podrían argumentar que no hay presupuesto para continuar con el proceso de entrenamiento.
En diciembre de 2008, en esta misma columna, advertía yo sobre lo que se vendría para las mujeres con la elección del Procurador Ordóñez. Cinco meses después, gracias, entre otros, a siete senadores del Polo Democrático, las mujeres tenemos que sufrir las consecuencias de las batallas que se libran sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres, tenemos que soportar que “sigan metiendo sus rosarios en nuestros ovarios” y que intenten oponerse a lo que hemos logrado con tanto esfuerzo y quieran obligarnos a continuar con embarazos que ponen en riesgo nuestras vidas y nuestra salud, o que son producto de un delito.
El logro efectivo más importante del feminismo en Colombia, luego del derecho al sufragio en los años 50 es, a mi modo de ver, la despenalización parcial del aborto. Haberlo logrado durante un gobierno oscurantista como el que tenemos es, tal como lo afirma la abogada feminista Ximena Castillo, una de las grandes paradojas colombianas. Hoy tenemos la certeza de que la inercia clerical que pensábamos sería paulatinamente contrarrestada por la fuerza de la Constitución del 91 está instalada y atornillada en el Ministerio Público, que la llave Ordóñez-Hoyos intentará cerrarnos el paso. Tengo la confianza de que el movimiento de mujeres, acompañado de muchos sectores solidarios que acompañaron la causa de la despenalización parcial del aborto, estarán atentos a hacer que funcionarios como la doctora Ilva Myriam Hoyos se inhiban frente a decisiones en las cuales claramente tendría conflicto de intereses.
MARÍA VICTORIA RAMÍREZ MARTÍNEZ
Pereira, mayo 4 de 2009
- Corporación Contigo Mujer
- Organización no gubernamental, feminista, de la ciudad de Pereira, Colombia, con personería jurídica desde 1999, que trabaja por los derechos humanos de las mujeres.
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