Artículo La Tarde

PADRES Y MADRES QUE ‘TRATAN’
El martes de esta semana nos despertamos con la noticia de que, según el Consejo de Seguridad de la Ciudad, estarían saliendo de Pereira, con destino a Panamá, niñas que al parecer van a ejercer la prostitución los fines de semana a ese país, con el consentimiento de sus padres. Ningún menor de edad puede salir del país sin el permiso del padre y de la madre. Eso significaría que ambos padres, estarían incurriendo en el delito de trata de personas.
Según la ley 985 de agosto de 2005: “ El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales. "Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación". "El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal".

Los padres tienen la obligación de proteger a sus hijos e hijas, de velar por su bienestar y por su educación. Es inadmisible que, bajo cualquier argumento, las estén empujando a nutrir el tenebroso negocio de la explotación sexual. El Estado, por su parte, tiene la obligación, de acuerdo con esa misma ley, de implementar medidas de protección y asistencia a las víctimas mediante programas encaminados a la recuperación física, sicológica y social de las víctimas, y fundamentados en la protección a sus Derechos Humanos. Estas acciones deberán garantizar la protección a la intimidad y la identidad de las mismas. Las autoridades tienen la obligación de juzgar y castigar tanto a los padres como a los integrantes de las redes, que se están llevando las niñas pereiranas para enriquecerse. Uno esperaría mayor efectividad de las autoridades en establecer desde dónde se operan estas redes y cuáles son sus cabecillas, para desmantelarlas. En este caso particular, se requerirá de la cooperación de las autoridades panameñas para dar con los culpables. Uno pensaría que un negocio casi tan lucrativo como el tráfico de drogas y el de armas, y en el que están en juego la dignidad y la vida de las personas, preocupara mucho más a las autoridades. Si no existe ningún impedimento ético para que estos padres y madres esclavicen a sus hijas, que por lo menos el miedo a un castigo ejemplar de veintitrés años en prisión, los detenga.


No hay que olvidar que existe una línea gratuita nacional e internacional contra la trata de personas, en la que las 24 horas hay personas dispuestas a brindar información y orientación a las personas que sospechen que pueden ser víctimas de trata de personas:


01 8000 52 20 20 si se llama desde dentro del país, y desde fuera de Colombia al 57 1 6001035


MARÍA VICTORIA RAMÍREZ MARTÍNEZ
CORPORACIÓN CONTIGO MUJER
Pereira, 23 de septiembre de 2009