MARA VIVEROS VIGOYA Y GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HETEROSEXUALIDADES, CONTRACEPCIÓN Y ABORTO, HEXCA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS U. NACIONAL DE COLOMBIA

En Colombia, el tema del aborto no deja de suscitar intensas controversias, incluso hoy, más de tres años después de emitida la sentencia que lo despenalizó en tres casos especiales, con base en una argumentación centrada en la defensa del derecho a la vida de las mujeres, la igualdad y la libertad reproductiva.
Continúan surgiendo en el país acciones de flagrante oposición a la aplicación de la norma vigente para la ejecución de abortos seguros. El pasado mes de septiembre, la Alcaldía Mayor de Medellín frenó el proyecto de la Clínica de la Mujer que hacía parte de la campaña que llevó al gobernante a ocupar su cargo. Un mes más tarde, el Consejo de Estado ordenó la suspensión temporal del Decreto 4444 de 2006, que reglamentaba la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), argumentando que éste era competencia del Congreso y no del Gobierno.Por último, y como parte del fallo de una acción de tutela a favor de una mujer a quien se le negó el derecho de abortar, pese a cumplir con los requisitos legales, la Corte Constitucional emitió una sentencia que ordenaba al Gobierno el diseño de un plan de promoción de los derechos sexuales y reproductivos que debería ser enseñado en las instituciones educativas del país y que suscitó, de manera inmediata, reacciones adversas de parte de las autoridades eclesiásticas por considerarlo una ‘cátedra abortista’.El aspecto más paradójico y expresivo de la actual coyuntura es que algunas de las decisiones y medidas tomadas para obstaculizar la realización legal del aborto son protagonizadas por autoridades del Gobierno y efectuadas desde el ámbito institucional y el propio Estado. Este contexto amerita un análisis crítico, ya que en lugar de asistir al debate y a la consulta ciudadana en torno al cumplimiento y a la reglamentación de la sentencia C–335 de la Corte Constitucional, hemos presenciado medidas inconsultas de los sectores más conservadores del país que pretenden obstaculizar su cumplimiento en un momento de cuestionamiento del papel de las Cortes, de la autonomía del Gobierno e incluso de la vigencia de la Constitución.La injerencia de la Iglesia católicaLa desigual participación de los sectores sociales en el debate es aún más notoria porque funcionarios como el actual Procurador General de la Nación y la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia han utilizado las prerrogativas de sus cargos para presentar un punto de vista particular como la visión nacional y oficial sobre el asunto. Por otra parte, porque a pesar del supuesto carácter laico del Estado colombiano, la influencia que sigue ejerciendo la Iglesia católica en los asuntos ciudadanos es incontestable, tal como se manifestó en la suspensión del proyecto Clínica de la Mujer en Medellín.Según noticias de prensa1, el Alcalde Alonso Salazar, cediendo a las protestas organizadas por la jerarquía eclesiástica y los grupos Pro-Vida en contra de este proyecto, envió una carta al Arzobispo de Medellín informándole que se comprometería a que en la Clínica de la Mujer no se realizarían abortos legales ni ilegales. En este caso intervino también la Procuraduría General de la Nación, a través de la Resolución 284 del 8 de septiembre de 2009, mediante la cual creó un grupo de control sobre las dependencias responsables de dicha clínica en la Alcaldía de Medellín. Así, respondió a las inconformidades, supuestamente manifestadas por un “sector de la ciudadanía de Medellín” y por considerar que el propósito de este proyecto era “articular y difundir la ideología feminista en contra de la vida y la familia”.Como se demostró posteriormente, se trataba básicamente de la misma coalición contra el aborto que presidía la procuradora delegada Ilva María Hoyos, antes de ser nombrada. A la luz de sus convicciones ideológicas, no deja de ser paradójico su nombramiento en este cargo, sabiendo que una de las funciones que le correspondería cumplir sería la de hacer valer y vigilar el cumplimiento de la sentencia C–355 de la Corte Constitucional. Debate más allá de lo moralSi bien el ejemplo de la Clínica de la Mujer ha funcionado como un detonante de la discusión, no es el único caso que podría citarse. Sin embargo, sí es bastante esclarecedor de las lógicas la participación ciudadana en nuestro país, en el cual las instancias “políticas oficiales” encargadas de proteger los derechos humanos se han pronunciado en contra de sectores de la sociedad civil implicados en la defensa de tales derechos.Estos mismos funcionarios han tomado posiciones a favor de grupos y sectores retardatarios como las organizaciones autodenominadas Pro–Vida y otras organizaciones religiosas que han puesto a circular documentos en que presentan las demandas de las mujeres por sus derechos sexuales y reproductivos como el producto de una “peligrosa ideología de género” que “vaticina una seria pérdida de sentido común en el ser humano” y encubre “una inaceptable agenda que incluye la tolerancia de orientaciones e identidades homosexuales, entre otras cosas”.Este ataque tan virulento al feminismo y a las luchas por una ciudadanía sexual no hace sino contrariar las directrices del gobierno central, cuya obligación es hacer cumplir el mandato constitucional de luchar contra cualquier tipo de discriminación y propiciar la equidad de género.Si bien los avances colombianos en jurisprudencia son muy importantes y ubican al país en la vanguardia latinoamericana en materia de derechos sexuales y reproductivos, una parte de la sociedad colombiana y de sus gobernantes no ha acompañando dichos cambios. La defensa y la ampliación del marco despenalizador del aborto requieren un debate real y democrático sobre el mismo y el rechazo a su discusión en el terreno de la moral. Es bien sabido que hasta ahora no se han podido resolver de forma totalmente satisfactoria los dilemas asociados al enfrentamiento de dos valores primordiales: la libertad (de las mujeres de decidir si desean llevar a término o no un embarazo) y la vida (del feto, pero también la vida social de las mujeres en toda su diversidad), en particular porque en las situaciones concretas la necesidad o posibilidad de sacrificar uno de estos valores no es necesariamente clara.Así, es fundamental reconocer el aborto como una práctica social frecuente y constante, cuyo impedimento profundiza las desigualdades sociales existentes entre las mujeres que pueden o no obtener un aborto voluntario en condiciones seguras. El debate sobre su moralidad e inmoralidad debe reservarse a las conciencias individuales. Mucho se ganará si adoptamos y ejercemos una actitud de defensa activa de un marco jurídico suficientemente flexible para que cada uno de nosotros sienta resguardados sus derechos sin ninguna imposición sobre su propio cuerpo.