El 6 de febrero es el Día internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina y, por supuesto, es una fecha que aprovecho para hablar de este tema del que pocos y pocas quieren hablar. Empiezo diciendo que los derechos de las mujeres y las niñas (incluidos los de las mujeres y las niñas indígenas) también son derechos humanos. Eso parece que aún no es claro para muchos.
Esta importante conmemoración tiene su origen en 2003, cuando la Primera Dama de Nigeria, la señora Stella Obasanjo, hizo la declaración oficial de “Cero Tolerencia contra la Mutilación Genital Femenina” en África, durante la conferencia organizada por el Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales que Afectan la Salud de las Mujeres y los Niños (IAC por su sigla en inglés), una red de organizaciones no gubernamentales cuya oficina principal se encuentra en Addis Ababa, Etiopía.
Es una conmemoración que no alegra porque hay que recordar que en el mundo alrededor de 140 millones de mujeres la padecen, que en Colombia, aunque no se registre en los mapas internacionales de la ablación y nadie tenga cifras sobre cuántas mujeres mutiladas existen en nuestro país, esta práctica es realizada en la comunidad embera chamí de Risaralda, que las niñas mutiladas muchas veces mueren a causa de esta práctica cultural nociva y que hasta el momento ni el Estado colombiano ni los organismos de Naciones Unidas como Unicef o el Fondo de Población hayan tomado medidas para prevenirla y erradicarla en nuestro país, lo que viola flagrantemente los derechos de las niñas embera chamí y es contrario a las declaraciones de derechos humanos.
En la actualidad, entre defensores de derechos humanos e incluso entre feministas reputadas, existe temor, cuando no silencio cómplice, de abordar el tema, y mucho más, de enarbolar la bandera de la erradicación de la práctica. Algunos con el argumento de que los indígenas tienen problemas mayores, otros por temor a que se perciba esta lucha como un acto de imperialismo cultural, o porque simplemente les parece irrelevante o intentan encubrirlo, como pretexto de una malentendida solidaridad con la causa indígena. Por otro lado, el Estado colombiano, en sus distintas instancias como Ministerios, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aunque fueron instados por la sentencia de un juez de la República a hacer lo necesario para que no se siga practicando, cuando se les ha indagado sobre sus acciones o medidas, sus respuestas son evasivas e insatisfactorias.
En agosto del año pasado asistí al encuentro de mujeres embera chamí en el municipio de Marsella. Allí asistieron 500 mujeres que hablaron de sus derechos sexuales y reproductivos. Para algunas de ellas, era la primera vez que se aproximaban a estos temas. Las parteras que practican la ablación tienen falsas creencias sobre los beneficios que les trae a las niñas la mutilación. Esas falsas creencias y, por ende la práctica de la ablación, se perpetuarán mientras las mujeres indígenas no tengan acceso a la información sobre su cuerpo, -su anatomía y funcionamiento-, sobre sus derechos sexuales y reproductivos y mientras los juristas, investigadores y los mismos indígenas sigan planteando el falso dilema entre autodeterminación de los pueblos y derechos humanos.
Esta importante conmemoración tiene su origen en 2003, cuando la Primera Dama de Nigeria, la señora Stella Obasanjo, hizo la declaración oficial de “Cero Tolerencia contra la Mutilación Genital Femenina” en África, durante la conferencia organizada por el Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales que Afectan la Salud de las Mujeres y los Niños (IAC por su sigla en inglés), una red de organizaciones no gubernamentales cuya oficina principal se encuentra en Addis Ababa, Etiopía.
Es una conmemoración que no alegra porque hay que recordar que en el mundo alrededor de 140 millones de mujeres la padecen, que en Colombia, aunque no se registre en los mapas internacionales de la ablación y nadie tenga cifras sobre cuántas mujeres mutiladas existen en nuestro país, esta práctica es realizada en la comunidad embera chamí de Risaralda, que las niñas mutiladas muchas veces mueren a causa de esta práctica cultural nociva y que hasta el momento ni el Estado colombiano ni los organismos de Naciones Unidas como Unicef o el Fondo de Población hayan tomado medidas para prevenirla y erradicarla en nuestro país, lo que viola flagrantemente los derechos de las niñas embera chamí y es contrario a las declaraciones de derechos humanos.
En la actualidad, entre defensores de derechos humanos e incluso entre feministas reputadas, existe temor, cuando no silencio cómplice, de abordar el tema, y mucho más, de enarbolar la bandera de la erradicación de la práctica. Algunos con el argumento de que los indígenas tienen problemas mayores, otros por temor a que se perciba esta lucha como un acto de imperialismo cultural, o porque simplemente les parece irrelevante o intentan encubrirlo, como pretexto de una malentendida solidaridad con la causa indígena. Por otro lado, el Estado colombiano, en sus distintas instancias como Ministerios, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aunque fueron instados por la sentencia de un juez de la República a hacer lo necesario para que no se siga practicando, cuando se les ha indagado sobre sus acciones o medidas, sus respuestas son evasivas e insatisfactorias.
En agosto del año pasado asistí al encuentro de mujeres embera chamí en el municipio de Marsella. Allí asistieron 500 mujeres que hablaron de sus derechos sexuales y reproductivos. Para algunas de ellas, era la primera vez que se aproximaban a estos temas. Las parteras que practican la ablación tienen falsas creencias sobre los beneficios que les trae a las niñas la mutilación. Esas falsas creencias y, por ende la práctica de la ablación, se perpetuarán mientras las mujeres indígenas no tengan acceso a la información sobre su cuerpo, -su anatomía y funcionamiento-, sobre sus derechos sexuales y reproductivos y mientras los juristas, investigadores y los mismos indígenas sigan planteando el falso dilema entre autodeterminación de los pueblos y derechos humanos.
PD: Ayer durante la Audiencia Pública de Derechos Humanos realizada en Pereira, aunque no tuvimos ocasión de presentar el informe verbal de la situación de los derechos humanos de las mujeres, la Alianza por los Derechos de las Mujeres entregó a los representantes de las Comisiones de Paz y Derechos Humanos del Senado de la República un informe sobre violencia intrafamiliar, violencia en el marco del conflicto armado, trata de personas y ablación en el departamento de Risaralda. Dentro de las recomendaciones están que la Bancada de Mujeres del Congreso haga un pronunciamiento sobre esta práctica violatoria de los derechos humanos.
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MARÍA VICTORIA RAMÍREZ MARTÍNEZ
Corporación Contigo Mujer
Pereira, febrero 6 DE 2010
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